Mucho más allá de la línea roja

La corrupción ha sido, y es todavía, uno de los grandes temas de la presente legislatura que agota sus días. Francisco Camps ya se presentó como candidato con una imputación pendiente por el famoso tema de los trajes y aún así obtuvo una victoria histórica. Cuatro años después, ya nada es igual.

Los escándalos de corrupción, que llegan hasta estos días con el 'caso Imelsa', serán una fuente de desgaste del presidente Fabra, que ha luchado denodadamente hasta hacer famosa la 'línea roja'. Quien puso negro sobre blanco esta expresión fue el PP de Alicante con las medidas que aprobó en la convención de Benidorm y que la dirección regional ha llevado al programa electoral.

En general, todos los partidos políticos tienen una medidas parecidas, por cuanto que piden la retirada del aforamiento para diputados, consellers y el presidente de la Generalitat; la rendición de cuentas púbilcas a través de portales de transparencias o webs; y la dimisión inmediata de imputados por causas de corrupción.

La principal diferencia es el modo en el que se ejecuta, puesto que mientras el PP lo realiza a través de la firma de los candidatos de un código ético, al igual que el PSPV, otras formaciones apuestan por legislar los supuestos de dimisión de los imputados por corrupción.

Los socialistas, por ejemplo, proponen también crear nuevos órganos para controlar la Administración autonómica como una oficina de control presupuestario y realizar «auditorías éticas», según el candidato a la Generalitat, Ximo Puig.

EU, por ejemplo, presenta propuestas concretas para acabar con la corrupción, como la 'Comisión de la Verdad', que lleve al esclarecimiento de lo que ha pasado en los últimos 20 años en Les Corts, y donde puedan comparecer todos los que tengan responsabilidad política para «aprender de los errores o los delitos y no volver a repetir esa historia», según explicó la diputada de EU Esther López Barceló.

Del mismo modo, pedirá que la Generalitat colabore con la Justicia y que la Abogacía de la Generalitat «se persone en todos los casos por la vía civil para recuperar el dinero robado, y por lo penal para que los ladrones vayan a la cárcel».

Por su parte, la diputada y cabeza de lista autonómica de Compromís por Alicante, Mireia Mollà, apostó por luchar contra la corrupción política «desde dentro» y con «medidas» que fiscalicen la gestión pública «para impedir la perversión del sistema» y abogó por la creación de una Oficina Antifraude.

Nada de códigos

Mollà rechazó el recurso a «códigos éticos» y «líneas rojas», a pesar de que su formación sí lo incluye en el programa electoral, e insistió en la necesidad de que «la política resuelva los problemas ligados a la corrupción».

Mientras tanto, tanto Ciudadanos como Podemos incluyen sus medidas anticorrupción en su programa marco autonómico, en el que reflejan propuestas de aplicación tanto a nivel estatal como autonómico. La formación liderada en la Comunitat por Carolina Punset incluye desde las listas abiertas hasta la limitación de mandatos a ocho años.

Mientras tanto, Podemos en la Comunitat Valenciana sí que propone la creación de una Ley de Transparencia que dé «paredes de cristal» con la que obliga a los cargos electos a realizar una declaración de gastos mensuales relativos al ejercicio de su función desde antes.