EU reclama por carta a Montoro una nueva financiación y la deuda histórica

Esquerra Unida (EU-PV) envió ayer una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro , a través de las subdelegaciones del Gobierno en Alicante, Valencia y Castellón, en la que le reclama un nuevo modelo de financiación y la deuda histórica del Estado con la Comunitat «por justicia social».

El candidato de esta formación a la Presidencia de la Generalitat, Ignacio Blanco, ha presentado hoy sus propuestas electorales en materia de financiación autonómica en la puerta de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, según un comunicado del partido.

Blanco denuncia que esta región es una «comunidad empobrecida», con un PIB per cápita un 12,3 % por bajo de la media estatal, al tiempo que es «un contribuyente neto que aporta más al conjunto de los ingresos públicos que lo que se destina a gasto en esta comunidad autónoma».

«Gastamos el 19 % menos e ingresamos el 22 % menos que la media de las comunidades autónomas», critica el candidato de EU, quien destaca que la deuda valenciana «crece en todo el periodo por la deficiente financiación».

En este sentido, considera que cambiar el modelo de financiación es «una cuestión de justicia» y ha exigido que se reconozca y se compense la «deuda histórica generada por la injusta financiación estructural que hemos sufrido los valencianos», y que supone, «sólo desde 2002, unos 13.500 millones de euros».

El decálogo electoral de EU propone, además del «cambio inmediato y con efectos retroactivos del sistema de financiación, incrementar la «suficiencia y progresividad de nuestro sistema fiscal».

Para ello, plantea el aumento de tarifas en el tramo autonómico superior del IRPF y una «reforma del impuesto de patrimonio, de sucesiones y donaciones, así como de los impuestos propios».

Blanco ha explicado que se tienen que «revisar los beneficios fiscales y deducciones autonómicas que carecen de carácter redistributivo y social».

El decálogo electoral de EU también apuesta por la «reorientación e impulso de la Agencia tributaria Valenciana» para dotar de más participación a la Generalitat en el órgano administrativo de gestión tributaria de la fiscalidad en el País Valenciano, y que sea corresponsable de la «lucha frente el fraude fiscal».