Ximo Puig sacrificará a Jorge Rodríguez cuando se conozca el sumario del caso Alquería

La única incógnita es cuándo, en las próximas horas, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, frenará la candidatura a la Alcaldía de Ontinyent del expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez. El exdirigente socialista se mantiene como cartel electoral de su partido pese a que se encuentra suspendido de militancia por Ferraz. Sin embargo, las revelaciones que hoy conocerá el líder de los socialistas aconsejan cerrar la herida cuanto antes. La decisión está tomada. No quieren que Jorge Rodríguez encabece una lista con los graves indicios de corrupción que arrastra por la contratación irregular de directivos en el empresa pública Divalterra, heredera de Imelsa, germen de otra macrocausa de corrupción.

El juez acordó a última hora de la mañana de ayer el levantamiento del secreto de sumario tras varios meses en los que ha mantenido el sumario bajo secreto, mientras los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) procedían al volcado de los soportes informáticos requisados en los registros. Al parecer, esa información ya se encuentra en disposición del juzgado, lo que ha llevado a terminar con la reserva especial que se mantenía en esta causa.

El contenido del sumario puede ser un auténtico terremoto en plena campaña electoral y en un escenario donde el PSPV parece transitar hasta la fecha con una clara ventaja. Puig , conocedor de esta circunstancia, pretende atajar el problema lo más rápidamente posible. Llegar al tramo final de campaña con los ecos del sumario del que fuera su lugarteniente en el partido no sería una buena noticia.

La detención de Jorge Rodríguez el pasado mes de junio supuso un ataque frontal al discurso de la limpieza del PSPV en la Administración. De nuevo, la institución volvía a situarse en el foco mediático después del escándalo que había supuesto el arresto de Alfonso Rus en los inicios de 2015. Además, se ordenó el arresto de otras cinco personas, todos empleados de la Diputación de Valencia: el jefe de gabinete del presidente, Ricard Gallego, los cogerentes de Divalterra, Agustina Brines (Compromís) y Xavier Simó (PSPV), un asesor de Rodríguez, Manuel Reguart, y el letrado de Presidencia, Jorge Cuerda.

Los hechos se remontan a julio de 2015, cuando el Consejo de Administración de Imelsa nombró dos gerentes –uno militante del PSPV y otro de Compromís- por contrato laboral de alta dirección; y cuatro meses más tarde, se realizó la contratación mediante libre designación de siete directores de área con el mismo tipo de contrato –tres del PSPV y cuatro de Compromís- «apartándose de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad». En aquel escrito se añadía, además, que cada uno de estos altos cargos cobra un salario anual de 50.000 euros más gastos de desplazamiento, comportando un coste/empresa de 75.000 euros al año.

Con estas contrataciones, de acuerdo a la denuncia que presentó Cs en Fiscalía, se pretendía por parte del Gobierno presidido por Rodríguez «evitar cumplir con la rigurosidad que exige el derecho administrativo para cubrir dichas plazas y, por tanto, a partir de un comportamiento injusto, se pretende eludir todos los principios constitucionales rectores de acceso al empleo público para, intencionadamente, elegir a aquellos que la gerencia decida por ser militantes de sus partidos, evitando con ello la convocatoria pública de la plaza».

Se da la circunstancia de que, según los denunciantes, existe hasta una docena de informes en los que se alertaba de la irregularidad de los nombramientos que trataba de llevar a cabo Rodríguez. En la denuncia presentada por el representante de Cs en el consejo de Divalterra, Jorge Ochando, se llegó a cifrar incluso en más de dos millones de euros el perjuicio económico global que se habría causado a la empresa de llevar a cabo los nombramientos. Los investigados siempre han negado las acusaciones y han subrayado que, en el peor de los casos, el asunto se debe resolverse en la vía administrativa, nunca en la penal.

La decisión de Ximo Puig de apartar a Jorge Rodríguez de la candidatura del PSPV a la alcaldía de Ontinyent puede tener consecuencias inmediatas. El alcalde de esta localidad ya planteó la posibilidad de presentarse al frente de otro partido –de nueva creación– cuando estalló el escándalo por el que se le investiga y el PSPV le suspendió de militancia. Cortarle el paso a mantener la alcaldía podría provocar que Rodríguez –que conserva buena parte de su tirón en Ontinyent– opte por presentarse el 26M al frente de otras siglas.