JC. F. M.
Viernes, 26 de abril 2019, 00:23
valencia. El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la secretaría de Estado de Política Territorial que depende del ministerio que dirige Meritxell Batet, ya se dirigió el pasado mes de marzo al Gobierno valenciano para trasladarle sus «discrepancias» respecto al contenido de varios artículos de la ley de presupuestos de la Generalitat de 2019, así como de la ley de acompañamiento de esas cuentas.
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Este diario ha tenido acceso al escrito con el que este departamento explícita sus reparos -que afectan a varios artículos vinculados al gasto en los presupuestos-. Pese a la notificación de marzo, la decisión del Gobierno central de poner en cuestión las cuentas autonómicas no trascendió hasta ayer, cuando el DOGV publicó el contenido de la reunión de la comisión bilateral formada por ambas administraciones y con la que se formalizó el inicio de las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo sobre el contenido de los artículos impugnados.
La decisión del Ejecutivo central, a solicitud del ministerio de Hacienda, provocó diversas reacciones durante la jornada de ayer. La líder del PP valenciano y candidata a presidir la Generalitat, Isabel Bonig, presentó una solicitud de comparecencia urgente del jefe del Consell, Ximo Puig, ante la Diputación Permanente de Les Corts para que explicara el aviso del posible carácter inconstitucional de varios apartados de la ley de presupuestos de la Generalitat de 2019.
«Hace 15 días sabíamos que el Gobierno le había pedido un recorte de 1.500 millones de euros del presupuesto y ahora sabemos que se los ha impugnado por que hay excesivo gasto, porque no son legales, porque no hay gestión. Hay dinero pero se gestiona mal. Si alguien no es capaz de gestionar bien el dinero de los valencianos, cómo va a gestionar toda una Comunitat», señaló Bonig.
Entre los aspectos cuestionados, la disposición adicional que amplia las prestaciones de plan de salud bucodental a la población vulnerable por motivos de salud o por su situación socioeconómica.
Por su parte, la conselleria de Hacienda aseguró que el Ejecutivo central únicamente había pedido explicaciones en la comisión bilateral, como ha pasado otros años, sobre aspectos «que en todo caso son muy técnicos relativos a las masas salariales y que, además, no suponen incremento del gasto respecto a lo que ya está previsto» en los presupuestos.
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De hecho, desde ese departamento se subrayó que el Gobierno central ha mostrado sus discrepancias con los presupuestos de otras cinco CC AA «por discrepancias técnicas y jurídicas sobre masa salarial o la carrera profesional».
El presidente del Consell, Ximo Puig, señaló por su parte, que lo que había hecho el Ejecutivo central era mostrar «algunas dudas sobre algunos aspectos» que «nosotros aclararemos en la comisión bilateral».
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