Las respuestas que Puig espera de Sánchez

Pero Sánchez está en Valencia. Y el PSOE y Ximo Puig se juegan mucho. En juego está el principal gobierno autonómico dirigido por los socialistas, en tripartito con Compromís y con Podemos. Y sobre todo, está pendiente extender o no la percepción de que el PSOE resiste, o de que llega debilitado a las generales de final de año. Se la juega Puig, y se la juega Sánchez.

El jefe del Consell ha pasado toda una legislatura sorteando las zancadillas que le llegaban desde la Moncloa, en forma de decisiones –como el recorte del Tajo-Segura- o en ausencia de ellas, como la falta de cobertura a la dependencia. Un decálogo de frentes abiertos para el que el líder del PSPV necesita respuestas. Puig puede hacer bandera de perfil reivindicativo ahora que llegan las elecciones. Pero si Sánchez no se compromete con Puig y con la Comunitat, esa identificación entre uno y otro que tanto le gusta hacer al PP valenciano puede acabar arruinando las expectativas del líder valenciano. Aunque sólo sea por interés electoral, Sánchez debería de aportar algo más que juegos florales.

Ya no vale con decir que es una prioridad para el Gobierno, como sostuvo en el último debate del estado de la nación. Más de nueve años de retraso en la reforma del sistema aprobado ¡en 2009!, la mitad de los cuáles con el líder del PSOE como presidente del Gobierno no se resuelven únicamente con la llegada de más fondos o con el salvavidas financiero del Estado. 55.000 millones de euros de deuda, más de 3.000 millones de déficit en 2022 y la extendida sensación de ninguneo por parte del Ejecutivo central a la que fue la principal bandera reivindicativa del Botánico (mientras gobernó Rajoy) merecerían algún tipo de compromiso. Si es posible, que sea algo más fiable que aquellos ocho meses que se le prometieron en 2020 a Baldoví.

Compararse con las todavía más escasas inversiones en los Presupuestos Generales del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy vale para dos o tres veces, no para siempre. El Ejecutivo socialista se ha acercado a esa equiparación entre porcentaje de inversiones y de población que reclama el Estatuto valenciano. Pero a sus señorías de Les Corts les faltó añadir en nuestra Carta Magna una cierta garantía de que esas inversiones se cumplieran. Porque pintarlas y no ejecutarlas es lo mismo que no ponerlas. Sánchez está hoy en Valencia. Si estuviera en Alicante debería de explicar además ese «error» –así se llamó- que supuso situar a esa provincia a la cola en inversiones de todo el país. Luego se corrigió, pero no consta que nadie haya llegado nunca a pedir perdón. Y nadie apuesta ni un euro porque el presidente del Gobierno lo haga hoy.

Quizá no sea la gran reivindicación que pueda plantear cualquier valenciano al que se le pregunte por la calle. Pero fue el propio Ximo Puig, quizá inducido desde la Moncloa, el que comenzó a agitar una bandera que, en realidad, no resulta nada descabellada. ¿Quién no querría un Museo del Prado en Valencia? ¿O la sede de Puertos del Estado en Alicante? La coincidencia sería absoluta. Lástima que la respuesta del Gobierno al planteamiento fuera la de limitar esa descentralización a las nuevas instituciones. Puig ha tenido que echar mano a descentralizaciones regionales, como la AVI o la conselleria de Innovación en Alicante. Poco eco y menos impacto.

El corredor mediterráneo no es, ni nadie lo plantea así, una obra valenciana. Es una infraestructura nacional, que el día que se ponga en marcha por completo dinamizará la economía española, generará nuevos flujos de crecimiento y mejorara los procesos productivos. Una reivindicación que la plataforma Quiero Corredor tiene clara desde el minuto uno y para la que, sin embargo, el Gobierno socialista sigue sin volcarse por completo. La presencia de la ministra Raquel Sánchez en la última asamblea del lobby empresarial, pese a que la reclamación va precisamente contra el Gobierno al que pertenece, resultó cómica. El corredor mediterráneo es uno de los grandes proyectos de país y como tal debería de ser considerado. Y necesita muchas menos palabras y sí una inversión más decidida.

Hay pocas cosas peores que crear falsas expectativas –que se lo digan a Baldoví-. El Gobierno central ha prestado ayudas a las CCAA para hacer frente a la pandemia, primero, y a la inflación, después. Pero algunas de esas líneas de financiación establecían condiciones tan de imposible cumplimiento que han acabado devueltas al propio Gobierno, porque no ha habido forma de concederlas, como ocurrió con los 650 millones de euros en ayudas a pymes. Peor es, claro está, prometer ayudas y no aprobarlas nunca. La industria cerámica sigue a la espera de que se aclaren los detalles de las ayudas anunciadas en diciembre por el Gobierno para los sectores gasintensivos.

Todo puede parecer una cuestión de dinero. Pero es que es el dinero el que marca la voluntad política. El Gobierno central, por ley, debería hacerse cargo de la mitad del gasto de la dependencia en la Comunitat. Ni por asomo. Sánchez ha alternado incumplimientos y mentiras durante los últimos cinco años. La realidad es que el Ejecutivo central apenas si cubre el 13% de esos gastos. Sólo entre 2015 y 2021 desde el Gobierno central se debería haber pagado casi 2.100 millones. La fuentes no es el PP o Vox, es la conselleria de Igualdad del Gobierno valenciano que dirige Compromís.

Alicante (otra vez) y Elche esperaban ilusionadas la decisión del Gobierno con la ubicación de dos Agencias, la de supervisión de la Inteligencia Artificial y la Espacial. La piel del oso estaba prácticamente vendida por el Gobierno valenciano, que incluso convocó un acto de respaldo político, institucional y empresarial que en noviembre sirvió para arropar en Madrid la presentación de las candidaturas. Todo estaba preparado. El desenlace es conocido: Hasta Sevilla se fue la Agencia Espacial Española. En A Coruña estará la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial (ASIA). El concepto poder valenciano está en desuso.

Juristes Valencians no deja de reclamar a PSOE y PP que convenzan a sus direcciones nacionales para dar apoyo a la recuperación del Derecho Civil valenciano aprovechando la reforma del artículo 49 de la Constitución. El último episodio, que el tripartito y PP pactaran una PNL de urgencia para mostrar su apoyo y olvidaran incluirla en el orden del día, ya lo dice todo. El PP valenciano hizo un último intento, pero Les Corts se disolvían y no había tiempo. El patinazo de Baldoví (si es que lo fue) de no ajustar el texto de la enmienda pactada con el PSOE para recuperarlo en el último debate de política general lo dice todo.

La Generalitat que preside Ximo Puig y la Diputación de Alicante que encabeza Carlos Mazón han recurrido, aunque por separado el recorte del trasvase que impulsa el Gobierno. PSOE y PP de acuerdo en el fondo, aunque por caminos distintos, contra la decisión del Consejo Nacional del Agua. Un planteamiento de Comunitat, que une a Gobierno y oposición en el rechazo a un plan del Ejecutivo central con el que se beneficia al Gobierno de Castilla-La Mancha. Recursos y más recursos que no han hecho, por el momento, que Sánchez apueste por las cuencas más deficitarias. Por cierto, mejor si no hace referencia a las desaladoras carísimas, inservibles y a mitad de rendimiento.