Cuatro décadas de prosperidad que comenzaron con un gran acuerdo

«El pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye en Comunidad Autónoma, dentro de la unidad de la Nación española, como expresión de su identidad diferenciada como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que la Constitución Española reconoce a toda nacionalidad, con la denominación de Comunitat Valenciana». Es lo que reza el comienzo del artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1982 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Son palabras repletas de historia que pueden ser consultadas en el BOE por cualquier ciudadano valenciano, español y de cualquier parte del mundo.

El texto provino de un proceso iniciado un año antes con la redacción del borrador del Estatut de Benicàssim y fue aprobado en el Congreso de los Diputados en el mes de julio de 1982 por lo que, en el presente 2022, cumple 40 años de vida. Se trata de una fecha marcada en rojo en el calendario de los valencianos. Fue una cita histórica para nuestra sociedad que, durante el 9 d'Octubre, tendrá su merecido cariño y reconocimiento pues perdurará y nunca se irá de nuestro recuerdo.

El Estatuto de Autonomía de la Generalitat lleva campeando cuatro décadas en la sociedad valenciana gracias a haber superado delicados y de muchas dificultades. Un momento clave fue cuando se pactaron los puntos claves de la identidad estatutaria valenciana: la denominación del territorio, la bandera y el nombre de la lengua de los valencianos. Todos ellos siguen siendo motivo de orgullo del pueblo valenciano a día de hoy. Lograr un consenso absoluto no fue fácil. Mucho menos si se tiene en cuenta la compleja situación política de la época con la muerte de Franco y el consecuente periodo de la Transición española.

Sin embargo, hubo muestras claras del pueblo valenciano, que se echó a la calle para pedir unidad. Hay que remontarse al 9 de octubre de 1977 para encontrar una manifestación en demanda de la autonomía valenciana que reunió a miles de personas, en un clima de emotiva exaltación, sin distinción de partidos. Ya sin Francisco Franco en el poder, y abierto el proceso democratizador, Valencia, Castellón y Alicante unieron sus fuerzas para pedir la autonomía y lo hicieron muy pronto. El año 1978 es, sin duda, uno de los más recordados por el pueblo español. Todavía perdura en la memoria la aprobación y ratificación de la Constitución Española. La Comunitat Valenciana, por aquel entonces, ya tenía reconocida la preautonomía y pudo constituir el Consell Preautonómico, aprobado por el Consejo de Ministros, pero tardó cuatro años en tener la carta de autogobierno y constituir la Generalitat Valenciana que conocemos en la actualidad.

La iniciativa autonómica arrancó en 1978 y se topó con numerosos obstáculos políticos para su aprobación hasta el año 1982, como la aplicación retroactiva de los requisitos adicionales de Ley Orgánica Reguladora del Referéndum y los Acuerdos Autonómicos de 1981, que no permitieron al Consell seguir la vía del artículo 151 de la Constitución. Esta vía es conocida como la vía rápida, que permitía mayor nivel de autogobierno y fue ejercida por otras comunidades autónomas como el País Vasco, Catalunya, Galicia y Andalucía. Las negociaciones posteriores dieron lugar a la conocida como «vía valenciana de acceso a la autonomía». Esto se tradujo en la aprobación del Estatuto de Autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución y la tramitación simultánea de una Ley Orgánica que transfería competencias estatales a la comunidad autónoma para equipararla a las que sí habían accedido a la autonomía por la vía del artículo 151.

La Constitución fue definitivamente aprobada en diciembre de 1978, mediante referéndum nacional, de modo que es interesante observar cómo la Comunitat Valenciana tuvo un régimen provisional de autonomía –la llamada «preautonomía»– en marzo de 1978. El socialista nacionalista José Luis Albiñana fue su primer presidente hasta su dimisión, en diciembre de 1979, momento en que fue sustituido por Enrique Monsonís, de la UCD. Con la Constitución en vigor, el ímpetu de todas las llamadas regiones históricas por tener un régimen de autonomía fue espectacular y vertiginoso. Pero el Estado se ocupó de manera primordial de las nacionalistas –Catalunya y el País Vasco– que se formularon pronto y con competencias que les hacían ser llamadas «de primera».

El año 1981 estuvo marcado por la crisis del partido UCD y la dimisión del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, motor de la Transición política junto con el rey Juan Carlos I. En ese clima se produjo el frustrado intento de golpe de Estado del 23 de febrero, nacido en un caldo de cultivo donde el ansia autonomista y el nacionalismo inquietaba especialmente a los grupos más conservadores y centralistas. En tierras valencianas el asunto tenía delicadas peculiaridades ya que el socialismo seguía aferrado a tintes nacionalistas, afeados como catalanistas por el partido del centro y por algunos grupos valencianistas que empezaron a hacerse presentes con empuje en la vida política.

En mayo de 1981, ya hubo un pacto entre los partidos y, en junio, tras las reuniones celebradas en Peñíscola, se dio a conocer un texto preliminar que fue entregado a finales de ese mes al presidente de las Cortes Españolas para su tramitación, aunque todavía permanecían vigentes algunos desacuerdos básicos. En enero, un congreso del PSPV-PSOE, celebrado en Benicàssim, acordó, al menos formalmente, que el socialismo valenciano abandonaba las vías nacionalistas y sus pretensiones. Pero el 9 de marzo, en el pleno del Congreso, el texto enviado a la cámara fracasó por titubeos y errores de votación, y fue devuelto a comisión. Todavía faltaban detalles para cerrar el acuerdo.

La presión por parte de la gente iba en aumento y, a lo largo de 1981, se habían celebrado dos grandes manifestaciones valencianistas, en reclamación de un Estatuto que contuviera las señas de identidad genuinamente valencianas. Unión Valenciana nació formalmente en septiembre de 1982, con la presencia de dos líderes, Miguel Ramón Izquierdo y la revelación de Vicente González Lizondo, clave en la política valenciana durante los siguientes 15 años.

La primavera de 1982 fue extraordinariamente animada en la política valenciana y, en buena medida, está todavía por estudiar qué ocurrió, qué reuniones y escarceos se produjeron dentro de los partidos y entre ellos, y cómo se llegó finalmente a soluciones de compromiso. El caso es que, ahora hace 40 años, en abril de 1982, fue cuando se pulió el texto y se llegó a uno que alcanzó la mayoría como ley orgánica. Felipe González y Leopoldo Calvo Sotelo, con sus contactos, abrieron la puerta a una salida pactada en la que se esforzaron, en Valencia, no pocos negociadores, desde Manuel Broseta a Fernando Abril y Emilio Attard, desde Joan Lerma a Felipe Guardiola y Antonio Sotillos.

María Rosa Ripollés, valenciana y letrada del Congreso, fue protagonista aquellos días gracias a un depurado trabajo a la hora de pulir los textos de forma que pudieran ser aprobados por todos. El diputado centrista José Ramón Pin Arboledas trabajó junto a ella en la misma línea de adaptación de enmiendas y redondeo de artículos. La solución final adoptó el nombre que representa a la sociedad valenciana hoy: Comunitat Valenciana, evitando los términos Reino de Valencia y País Valenciano. En el tema de la lengua valenciana, la aportación del diputado de AP Antonio Carro fue providencial: encontró el término «idioma», que fue aceptado por todos sin problemas. Finalmente, la bandera autonómica fue la histórica Senyera con franja azul, objeto de tantas disputas en las calles y los despachos. Con todo, fueron otras muchas materias las que necesitaron pacto. El texto así pactado se aprobó sin nuevos sobresaltos en el Congreso: la ponencia se reunió en abril y fue refrendada en el Senado el 15 de julio siguiente, para entrar en vigor pocos días después.

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