El Ayuntamiento de Albal critica a la Agencia Antifraude

Los trabajos en la estación de tren de Albal están acabados desde el pasado abril, a falta de la recepción definitiva de las obras y de que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria concluya sus pruebas, para la consiguiente puesta en funcionamiento. Así quedó reflejado el viernes pasado en el acta de la reunión de la comisión de seguimiento del convenio suscrito por el Ayuntamiento y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para su construcción y financiación. El consistorio ha acogido el encuentro, presidido por el alcalde en funciones Ramón Marí, junto al coordinador de Cercanías de la Comunitat Valenciana Juan Carlos Fulgencio, el subdirector Este de la estación València Nord, Juan Bautista Cano y el director técnico de la obra, Antonio López. Este organismo se volverá a reunir en septiembre. El viernes 16 de julio, el todavía alcalde Ramón Mari comentaba: «sea o no alcalde me gustará hacer el primer viaje en tren con él».

Mari ha atribuido la consecución de la estación, al apoyo de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes e Infraestructuras, «siempre estaremos en deuda con él», señalaba. El trayecto para conseguir el proyecto ferroviario, «no ha sido un camino de rosas» y recuerda los palos en las ruedas de la oposición para que no prosperara, como: la denuncia anónima ante la Agencia Valenciana Antifraude que cuestiona el convenio rubricado con la ADIF, las repetitivas preguntas de Avant-Decidix y hasta el paso por la mesa del Congreso de los Diputados de la denuncia anónima ante la AVAF, de la mano de la diputada popular Belén Hoyo.El viernes Ramón Marí ha expuesto en la reunión que la AVAF ha vuelto a abrir un nuevo expediente por irregularidades administrativas.

Esta vez se pone el foco en la contratación del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, José María Bañó León, para la elaboración del dictamen jurídico que discrepó, de manera fundada, ante las presuntas «irregularidades graves» que notificó la Agencia. El requerimiento surge a consecuencia de la firma del convenio con la Adif -suscrito el 28 de febrero de 2019. Sobre este asunto, el consistorio celebró un pleno, con carácter urgente, para presentar las conclusiones. Así, con el referido dictamen se puso de manifiesto la inconsistencia de las críticas y acusaciones dirigidas a censurar la conducta de este ayuntamiento, y que los reproches de la resolución de la AVAF resultaban ser carentes de todo fundamento.

El alcalde lamenta el «acoso»de Antifraude y explica que el viernes al mediodía se habían enviado las nuevas alegaciones que ponen de relieve «una contradicción manifiesta y una extralimitación de competencias que desconocemos a qué obedece». La Agencia cuestionó en el primer requerimiento a los funcionarios y al gabinete de abogados municipal, apuntándoles como responsables de una supuesta ilegalidad «¿cómo van a hacer un informe los mismos técnicos a los que se está acusando?», se preguntaba Mari.

En las alegaciones, el consistorio alega que la imparcialidad y objetividad que ha de presidir toda actuación del personal al servicio de las administraciones públicas «hubiera quedado gravemente comprometida. Sencillamente por esto, encomendar el dictamen a un profesional externo no puede calificarse de irregularidad de ninguna clase, sino todo lo contrario», destacaba Mari.Según hace constar el Ayuntamiento en las alegaciones remitidas a Antifraude, «las investigaciones suponen un cerco inadmisible y una intromisión ilegítima a la autonomía reconocida constitucionalmente a las entidades locales».

• Temas
• Valencia (Provincia)