El Consell pone al municipio como ejemplo de la lucha contra la prostitución

El alcalde de Albal, Ramón Marí, acudió la semana pasada al 'Fòrum valencià per a l'abolició de la prostitució' celebrado en Mislata y convocado por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, presidido por la consellera Gabriela Bravo, junto al alcalde anfitrión Carlos Fernández Bielsa y el Presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro.

En el acto, los mandatarios pusieron como ejemplo al Ayuntamiento de Albal, como municipio pionero en la lucha por la erradicación de la prostitución y contra la trata de mujeres y niñas. Junto a Quart de Poblet, ambos de l'Horta Sud, han sido los primeros en aprobar la ordenanza «de la dignidad», en palabras de la consellera. Sendas mociones multan a los puteros, eximiendo a las mujeres prostituidas. Gracias a esta medida, el consistorio de Ramón Marí ha cazado ya a una veintena de hombres que pagaban por sexo o mientras mantenían relaciones en la localidad, ocho de ellos ya la han abonado.

Para la consellera de Justícia «Albal y Quart de Poblet son la cara, mientras Alicante la cruz», señaló refiriéndose al texto de la alicantina como «la ordenanza de la vergüenza que castiga a las mujeres prostituidas». Gabriela Bravo ha pedido el apoyo colectivo de los mandatarios presentes en el acto para «erradicar la explotación y la violencia de género que se ejerce contra estas mujeres», criticando duramente el negacionismo cuando existen informes que aseveran que «el 80% de los hombres ha pagado alguna vez por sexo».

El presidente del consistorio de Albal movió ficha nada más volver al consistorio donde dio instrucciones para que el nuevo modelo presentado por Gabriela Bravo se debata en la primera sesión informativa que se celebra en la población el lunes 16 de mayo y llevar a cabo la modificación de la ordenanza actual, que fue aprobada en septiembre de 2020. Al aplicar el nuevo modelo, Albal se sumaría al incremento de la sanción propuesto por la Generalitat Valenciana y que pasará de 800 euros a 1500 euros (en el caso de las sanciones leves) y cobrará hasta 3.000 por las graves en caso de que se apruebe en el pleno del 19 de mayo.

La consellera de Justicia que despachó brevemente con Marí en el acto lo emplazó a mantener una reunión junto a ella y al director general de reformas democráticas y acceso a la Justicia, José García Añón. Y es que Albal fue el primer municipio en poner en marcha medidas para atajar el problema, tras el asesinato de dos prostitutas en su término.

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