Riba-roja recurre a la policía autonómica para atajar los robos en el campo

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga ha iniciado una ronda de reuniones con representantes de las instituciones públicas con objeto de trasladarles su preocupación sobre la seguridad en las zonas industriales y agrícolas del municipio.

En la reunión mantenida con el director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel y Álvaro Rodríguez, comisario del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana se abordó la posibilidad de estudiar vías de colaboración entre Policía Local, Guardia Civil y Policía Autonómica para atajar los hurtos en las propiedades agrícolas del municipio.

Raga manifestó al director la intención del consistorio de solicitar en la próxima Junta Local de Seguridad prevista para la segunda quincena de marzo, la intervención de la policía de la Generalitat Valenciana en el término municipal para disminuir esta problemática. Sólo en 2017 se detectaron 12 hurtos y en lo que llevamos de 2018 ya se han denunciado otros cuatro, coincidiendo con la campaña citrícola. En coordinación con la Guardia Civil, la policía autonómica se encargará de incrementar el dispositivo de seguridad para reducir la oleada de robos.

En la última reunión del Consell Agrari celebrado el pasado mes de noviembre ya se acordó una medida para mejorar agilizar la comunicación entre los agentes y los labradores a través de un grupo de washapp, con el fin de poder detectar, en tiempo real, cualquier movimiento sospechoso en las zona agrícolas.

Esta iniciativa es parte de la campaña de vigilancia que pretende controlar tanto a los vehículos que accedan a los huertos, incidiendo en puntos estratégicos del término municipal, como a los recolectores, para comprobar la procedencia de la mercancía transportada y recogida, así como la venta de cítricos en los almacenes.

A ello se unirá el uso de drones para la vigilancia por el aire de las extensiones agrícolas. Una vez el Ayuntamiento de Riba-roja disponga de la autorización oficial de la Agencia Española de Seguridad Aérea, se formará a los agentes de policía habilitados para manejar esta tecnología.

El uso de drones (aeronaves no tripuladas) es una práctica que ya se ha extendido por algunos municipios valencianos. A través de vuelos itinerantes se facilita la detección de posibles infracciones. Una vez se envían las coordenadas y la información a la patrulla rural, ésta puede interceptar a los infractores.

El uso de drones para la vigilancia aérea de campos y cultivos permite la optimización de recursos, controlando grandes extensiones de terreno desde el aire, además de permitir llegar a lugares de difícil acceso”, asegura el alcalde de Riba-roja, Robert Raga.

La inseguridad también afecta a la zona industrial de Riba-roja, cuya extensión alcanza los 6 millones de metros cuadrados y alberga más de 850 empresas. El pasado año se registraron un centenar de robos en propiedades y viviendas. «La tasa de reposición de la Ley Montoro nos impide poder contratar más policías locales y la Guardia Civil ha sufrido una merma en su plantilla en una veintena de efectivo», apunta el alcalde de Riba-roja.