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Jueves, 29 de noviembre 2018, 01:44
Los escombros de la construcción son parte genuina de la sociedad vertical del siglo XIX. El abandono o la regulación deficiente en la gestión de estos residuos puede generar problemas medioambientales muy graves, como la contaminación del suelo, el subsuelo, el agua o el aire, e incluso puede afectar a la salud humana. Debido a su volumen, los residuos de construcción y demolición -conocidos comúnmente como RCD- suponen el mayor flujo de residuos de la Unión Europea. En total, estos deshechos representan aproximadamente un tercio de todos los residuos generados en Europa, según el protocolo de gestión elaborado por la Comisión Europea en el año 2016.
«Una gestión adecuada de los residuos de la construcción y demolición y de los materiales reciclados, que incluya una manipulación correcta de residuos peligrosos, puede suponer grandes beneficios en cuanto a la sostenibilidad y la calidad de vida. Asimismo, también puede reportar grandes beneficios para la industria de la construcción y el reciclaje en la UE, ya que potencia la demanda de materiales reciclados de construcción y demolición», señala el documento de la Comisión. Sin embargo, la Asociación de Empresarios de Selección y Reciclaje de Residuos de la Construcción y de la Industria (ARCI) habla de la «perniciosa cultura de la escombrera» que existe en la Comunitat Valenciana.
El portavoz de esta organización, Vicente Ferrer, denuncia que «hace tiempo» solicitaron al Consell una normativa autonómica que regulara la producción y gestión de residuos. «Según nos han informado ya se dispone de un borrador de decreto, que imaginan que se podrá promulgar en la próxima legislatura», lamenta.ARCI integra a la totalidad de las empresas legalmente establecidas para tratar y valorizar residuos de construcción e industriales de la provincia de Valencia. Según Ferrer, en estas plantas entra alrededor de un 10% de los residuos de la construcción generados, lo que deja entrever que la «clandestinidad» abunda en un sector con un número desconocido de escombreras ilegales. Para combatir este problema, la entidad ha creado un Vertedero Virtual en su página web (arcivalencia.com), donde los ciudadanos pueden enviar fotos y la ubicación de zonas de acumulación de escombros que consideran irregulares en sus áreas de proximidad. Hasta la fecha, esta herramienta digital ya recoge las denuncias de más de 60 puntos calientes en la provincia.
En estos vertederos la gente tira sin control todo tipo de residuos. Entre ellos, materiales tan famosos como la fibra de amianto. Hasta hace unos años, este tipo de revestimiento -conocido comúnmente como uralita por la marca que lo comercializaba- era uno de los materiales empleados para construir tuberías, cubiertas, depósitos, etcétera. El amianto es inocuo cuando está en buenas condiciones y no se manipula, pero en cuanto empieza deteriorarse y a soltar las fibras es muy tóxico. Respirar polvo de amianto puede provocar enfermedades a largo plazo y, por ello, su uso está prohibido por la Unión Europea. «Todas las escombreras ilegales detectadas son peligrosas», resalta Ferrer.
Aunque se prohibió su uso en 2001, la fibra de amianto -más conocida como uralita- es un enemigo invisible y todavía existen muchos objetos de construcción fabricados con amianto o asbesto. Si el amianto está deteriorado y roto, es muy peligroso para la salud por la inhalación de las fibras que se desprenden de este material.Entre los objetos que se fabricaban con amianto hay que señalar el cartón duro y productos de papel, fibrocemento -tubos, depósitos, planchas onduladas, revestimientos, etcétera-, productos de amianto mezclado con betún, material para pavimentos, revestimientos y pinturas texturizadas, masillas, sellantes, plásticos reforzados, compuestos en enchufes de pared, zapatas de embragues y frenos, ropa contra incendios, materiales de aislamiento en trenes, barcos, industrias y edificios, tostadoras, termos, telas para planchas y otros de usos domésticos. Un estudio de Ecologistas en Acción calcula que cerca de 3.000 productos diferentes contienen, o han contenido, amianto.Al encontrarse con algún objeto que pueda estar fabricado con amianto es recomendable, según la ONG, no tocarlo, no cortarlo, no hacer orificios con taladros de ningún tipo, no tratar de quitarlo por uno mismo y, por supuesto, no depositarlo en un vertedero no controlado. Es decir, hay que impedir que se desprendan fibrillas al ambiente. Se puede solicitar una medición de las fibras en el ambiente, a alguna empresa calificada para tal tarea. En caso de observar amianto abandonado en lugares públicos hay que avisar a las autoridades.
Además de la temida fibra de amianto, pueden encontrarse envases que han contenido materiales peligrosos y residuos que, aunque no son peligrosos en sí mismos, tampoco son inertes, como maderas o plásticos. Según explica Ferrer, existen algunas escombreras «de enormes consideraciones, ya sea por cantidad o por impacto». Y pone de ejemplo la que se encuentra el tren de alta velocidad a su entrada a la ciudad de Valencia, que «ofrece una imagen penosa de la ciudad». «Lo cierto es que todas suman y las que hoy son pequeñas se tornan en enormes en poco tiempo por el efecto llamada que supone su sola visión», lamenta.
Otras regiones españolas, como Extremadura, Euskadi, Navarra, Catalunya o la Comunidad de Madrid tienen una planificación sobre la adecuada gestión de este tipo de residuos. Planificación que, según denuncia el portavoz de ARCI, no existe en la Comunitat Valenciana porque «parece que es una de las últimas prioridades de la administración valenciana que destina muy exiguos y precarios medios a su regulación y control, fomentando que prolifere y sea rentable la clandestinidad y las escombreras». A la cola«La Comunitat Valenciana está a la cola y se está convirtiendo en un basurero y lo más grave es que hay más basura enterrada que a la vista del ciudadano, con lo que nos podemos hacer una idea de la magnitud del problema», afirma Ferrer. «El olvido de la administración a este tipo de residuos y a los operadores legales -plantas de valorización- puede llegar a que éstos se planteen su propia continuidad», afirma. El Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) señala textualmente que «los datos contenidos en las memorias anuales de los gestores de residuos de construcción y demolición de 2007 indican que se valorizan anualmente un total aproximado de 1.300.000 toneladas y se eliminan 1.100.000 toneladas en vertederos de residuos inertes, lo que confirma que ya a día de hoy las cantidades valorizadas superan a las eliminadas en vertedero. Esta diferencia se incrementará significativamente conforme se vaya construyendo y poniendo en el mercado nuevas instalaciones de valorización». Ferrer critica que estos datos no contemplen la eliminación incontrolada por soterramiento o en escombreras, «que en volumen en infinitamente superior a esas cifras». «No son necesarias más instalaciones de valorización.
Lo único necesario es que en las existentes, que trabajan a un 10% de sus posibilidades, entren todos los residuos que se generan. Este es el gran problema. Y para ello, es necesario que se obligue a los ayuntamientos a aplicar la norma, algo que ahora no sucede, además de la adecuada vigilancia», concluye.
La Asociación de Empresarios de Selección y Reciclaje de Residuos de la Construcción y de la Industria (ARCI) ha elaborado un documento donde describe el papel de las corporaciones locales en la gestión de residuos y explica que «tienen verdaderas dificultades en su aplicación y control de su cumplimiento». El informe señala que «las plantas legalizadas de valorización y reciclaje de este tipo de residuos en la provincia de Valencia solo alcanzan a gestionar en la actualidad unas 215.000 toneladas, lo que supone un 20% de la producción estimada en la provincia». En toda España se estima una generación anual de este tipo de residuos de 21 millones de toneladas, según datos del INE. «Ello supone que en la actualidad existe una sobresaliente y clandestina eliminación de esta clase de residuos», denuncia ARCI, que ve impactos ambientales como la contaminación de suelos y acuíferos en vertederos incontrolados, el deterioro paisajístico y la eliminación de estos residuos sin aprovechamiento de sus recursos valorizables. El cumplimiento de la norma redundaría, según la entidad, «en un ahorro en gastos de limpieza minorando esta importantísima partida presupuestaria municipal a fin de mantener en condiciones de salubridad, bienestar ciudadano, pulcritud y ornato de los espacios públicos y el paisaje».
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