Fuset oculta la sanción de la Agencia de Datos por la polémica encuesta fallera

El concejal de Cultura Festiva de Valencia, Pere Fuset, decidió ayer mantener oculta la sanción abierta por la Agencia Española de Protección de Datos debido a la polémica encuesta fallera realizada por el Ayuntamiento pese a las denuncias de los grupos popular y Ciudadanos de que tienen constancia de su traslado al Consistorio el pasado lunes cuando entró por Registro de Entrada.

El edil y portavoz de Compromís se negó a hacer público la propuesta de resolución y a facilitar el acceso a la información. A preguntas de LAS PROVINCIAS alegó que «el expediente no es definitivo» y que está pendiente de un proceso de «alegaciones». El concejal aseguró que no se puede mostrar, alargando así un asunto donde el primer informe de la Agencia del 4 de agosto hablaba de dos infracciones muy graves por vulnerar presuntamente la Ley de Protección de Datos. La propuesta de resolución llegada el día 27 ratifica esa primera consideración, según publicó ayer el diario Levante.

El motivo de esto es que la encuesta a un millar de personas realizada para conocer la opinión de cuestiones falleras incluyó preguntas sobre creencias religiosas o sobre la situación política en la Comunitat sin el permiso expreso y por escrito de los afectados. Según la tesis del gobierno tripartito, cumplió todas las normas, lo que contrasta con el citado informe, que desgranaba todo lo contrario con referencias a la normativa estatal. La segunda infracción se refiere a la difusión de los datos, lo que vulnera el artículo 44.4.d) de la Ley de Protección de Datos, mientras que el primero afecta al artículo 7.2.

La ocultación de Fuset de este expediente no supone ninguna novedad. La primera solicitud de la oposición partió del grupo popular el pasado 14 de agosto, cuando solicitó el expediente abierto con motivo del procedimiento abierto por la Agencia de Protección de Datos. Desde entonces siguen sin respuesta pese a que suman casi una decena de trámites tanto en la concejalía de Cultura Festiva como al alcalde Joan Ribó, que el día 11 dictó una resolución por la que se deniega el acceso al expediente administrativo.

Hasta esa fecha se han sucedido varias notas interiores y solicitudes que han ido pasando por varias mesas del gobierno municipal sin ningún resultado exitoso para el PP. El edil Félix Crespo dijo ayer que no podía valorar la cuestión al «estar a la espera de una reunión en la Secretaría para intentar por enésima vez leer el expediente».

La propuesta de resolución llegada el lunes da un plazo al Consistorio para la presentación de alegaciones. El concejal de Cultura Festiva indicó que «no hay sanción económica, pero no estamos de acuerdo con la propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos y tenemos diez días para alegar y sin duda vamos a hacerlo».

Sobre las sanciones, el artículo 46 de la Ley de Protección de Datos establece que las infracciones a las Administraciones públicas excluyen la multa económica, que en este caso llegaría hasta los 600.000 euros por cada uno de los artículos vulnerados en caso de que el expediente se hubiera abierto a una empresa.

Fuset no asumió en ningún momento la propuesta de resolución de la Agencia de Protección de Datos. Insistió que «no hay sanción, ni mucho menos económica, porque no hay hechos. Y no estamos conformes con la reprimenda absolutamente política y basada en la realidad sobre unos datos que el Ayuntamiento nunca ha gestionado y la Agencia de Protección de Datos tendrá que demostrar si cabe delante de los tribunales».

El grupo municipal Ciudadanos acusó por su parte a Compromís de falta de transparencia sobre la notificación que la Agencia ha hecho llegar al Ayuntamiento. «Ayer (por el martes) solicitamos por nota interior a la delegación de Cultura Festiva saber el contenido de la notificación que la Agencia envió el pasado lunes», declaró el portavoz de esta formación, Fernando Giner, quien criticó la «opacidad con la que actúa Compromís y su intento de obstaculizar el trabajo de oposición al grupo municipal Ciudadanos».

«En declaraciones de hoy, Fuset ha restado importancia a la propuesta de resolución de la Agencia», dijo Giner, quien calificó de «muy irresponsable por su parte querer maquillar un asunto que la Agencia Española de Protección de datos considera muy grave. Si el Ayuntamiento no fuera una institución pública podría haber sido sancionado económicamente», declaró Giner, quien exigió al edil de Compromís que «no frivolice sobre este asunto».

El concejal de Cultura Festiva dijo que no hay sanción, «sino una propuesta» y anunció que no se van a quedar ahí «porque vamos a llegar a los tribunales y si hace falta al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque considero que esto es una persecución política. El PP aprovechando su abuso de poder y en este caso la que fuera la mano derecha de Cospedal», en referencia a Mar España, directora de la agencia.

El concejal comentó que han consultado con expertos en protección de datos y «nos advierten que no es una cuestión de protección de datos sino política. Tienen interés en levantar ampollas en este tema sensible». Añadió que el PP «está buscando titulares negativos cuando la propuesta dice que no volvamos a hacer eso, pero no podemos dejar de hacer algo que no se ha hecho».

En el primer informe de la Agencia aparecen algunas de las preguntas de la encuesta. Es el caso de si el encuestado se siente sólo valenciano, más valenciano que español o sólo español, entre otras variantes. También cómo se define el interpelado en materia religiosa, lo que opina sobre el valenciano, el modelo de gestión de la Junta Central Fallera, además de la situación política en la Comunitat o por el partido político con el que se identifica más.