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El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha asegurado esta mañana que no está conforme con la propuesta de resolución de la Agencia Española de Protección de Datos sobre la encuesta fallera, calificada como una infracción muy grave, para asegurar que el Ayuntamiento de Valencia va a recurrir y si hace falta llevará a la agencia al tribunal de Estrasburgo.
El edil ha defendido que no han recibido sanción económica, cuando la realidad es que el artículo 46 de la Ley de Protección de Datos impide una multa económica para las Administraciones públicas. Las infracciones se refieren a que se preguntó por creencias e ideología política a los encuestados sin su consentimiento previo, además de la difusión del resultado. En caso de una empresa la legislación establece hasta 1,2 millones de euros (600.000 euros cada una).
Fuset trató de defenderse asegurando que "no nos vale que nos digan que no podemos volver a hacer eso -referido a preguntar cuestiones sobre ideología y religión sin tener consentimiento escrito- porque no lo hemos hecho. Es falso que se esté pidiendo la destrucción de la encuesta. En el informe se centran en los consentimientos legales y el Ayuntamiento nunca ha tenido estos datos". Por eso Fuset se ha preguntado por qué no se los han pedido a la empresa.
El concejal se ha negado a facilitar a la prensa el informe asegurando que es una resolución que no es firme y ha añadido que como no comparten el objeto de la resolución van a agotar primero las vías de alegación y que irá «hasta las últimas consecuencias legales".
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