¡Llamen a mi abogado!

La lista de conocidos que faltaron a clase cuando tocó aprender que Hacienda somos todos crece como la mala hierba: Mario Conde, los Pujol, el espía Francisco Paesa, Miguel Blesa, Imanol Arias, Ana Duato... Son solo algunos de los que aquel día se quedaron en casa. Hay tantos, y sus pecados fiscales son tan fantásticos y enrevesados, que a día de hoy no hay un profesional más ocupado que el abogado especializado en lo que algunos gurús han bautizado como derecho penal de los negocios. Hace tiempo que los grandes bufetes, conocedores de esta suerte de pandemia, no son nadie sin un buen elenco de expertos en el tema: las llamadas boutiques de penal económico no dan abasto.

Los últimos en engordar la lista de conocidos con serios problemas fiscales son los actores Imanol Arias y Ana Duato, cuyos avatares importan, y mucho, porque gracias al incombustible Cuéntame hace tiempo que son como de la familia.

La decisión de la Audiencia Nacional de embargar las propiedades de los implicados en la trama Nummaria ha golpeado de lleno al matrimonio Alcántara, clientes preferentes de la red societaria desmantelada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y la Fiscalía Anticorrupción. Tal y como están las cosas, Arias tendrá que demostrar que no ha cometido un fraude de 2,1 millones. Y Ana Duato y su marido en la vida real, Miguel Ángel Bernardeau, deberán convencer al juez de que no son responsables de la evasión de 800.000 euros.

El Antonio Alcántara de ficción ha elegido para su defensa a María Dolores Márquez de Prado, exfiscal de la Audiencia Nacional y esposa de Javier Gómez de Liaño, famoso, entre otras cosas, por haber sido el juez instructor del caso Lasa y Zabala y más tarde abogado defensor de Luis Bárcenas. Desde que ambos abandonaron sus carreras y montaron su propio despacho, se han convertido en especialistas en limpiar este tipo de charcos. «Aunque fiel a la vocación generalista del bufete, pues, al fin y al cabo, el Derecho es un todo armónico que no admite campos acotados, al igual que sucede en órganos judiciales y fiscalías especializadas en delitos económicos, Gómez de Liaño&Márquez de Prado dedica a estas materias la mayor parte de su actividad», reza en su página de Facebook por si a alguien le quedaba alguna duda.

La exfiscal del Tribunal Supremo ha sido también la abogada de Teresa Aranda, ex de Juan Luis Cebrián, cuando la separación de los periodistas comenzó a complicarse y de la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, salpicada por los asuntos que llevaron a su marido a la cárcel. Márquez de Prado y su esposo ocupan un lugar prominente en la larga lista de jueces y fiscales de los principales tribunales españoles que un buen día ficharon por prestigiosos despachos de abogados. Aquí se gana mucho más dinero.

Enrique Molina, el hombre en cuyas manos ha dejado Ana Duato la responsabilidad de limpiar su nombre y librarla de la cárcel, es otro de los miembros de ese selecto club. Al frente del área de penal del bufete Ramón y Cajal, el exfiscal trabaja con otros quince letrados especializados en derecho penal económico, delito fiscal y blanqueo de capitales. La lista de sus clientes conocidos es más que considerable.

Molina fue el encargado de la defensa de los técnicos de mantenimiento en la investigación del accidente de Spanair, en el que murieron 154 pasajeros. También de los imputados en el caso Bankia José Alberto Ibáñez González y María del Carmen Cavero Mestre, cuñada del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, y de Baltasar Garzón cuando el todavía juez tuvo que explicar lo del dinero que le pagó el Banco Santander a cambio de impartir unos cursos en Nueva York. Algo lógico porque Molina, que está casado y tiene cinco hijos, es amigo íntimo del exmagistrado, padrino de uno de los niños.

Carlos García Revenga, secretario personal de las Infantas, le encargó su defensa en el caso Nóos. Y Francisco Granados, el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, se puso en sus manos cuando le imputaron en el caso Púnica. Molina logró, incluso, que Ana Torroja, la cantante de Mecano a la que finalmente se le atribuyeron tres delitos fiscales y tuvo que soltar 1,4 millones de euros, se librará de acabar en chirona.

Otro exfiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Peláez, anda estos días liado con la defensa de Mario Conde. El exbanquero está de nuevo en la cárcel, acusado de blanquear 13,06 millones de euros ayudado por su hija Alejandra, y Peláez echa el resto tratando de convencer a los jueces de que quien fuera presidente de uno de los bancos más importantes del país no es tan malo como parece.

El zamorano aprendió a batirse en juicios mediáticos el día que decidió, como defensor de un empresario imputado en el caso Gürtel, presentar ante el Tribunal Supremo una querella contra el juez Baltasar Garzón. Le acusó de un delito de prevaricación por ordenar la grabación de las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama y el asunto le costó la carrera al mediático magistrado.

Quien nunca necesitó estar al otro lado para aprender y forjarse una reputación a la altura de los grandes es Cristóbal Martell, abogado de otro buen elenco de personajes famosos. El letrado, afincado en Cataluña, atesora una lista de clientes tan lustrosa como conocida: Leo Messi, Joan Laporta, Samuel Etoo y Josep Lluis Núñez son algunos de los que han llamado a su puerta en busca de que el estratega, como le apodan en medios jurídicos, les resuelva algún entuerto. Hoy es también quien defiende a la familia del expresident Jordi Pujol. Sin duda, un reto a la altura de quien está considerado como uno de los mejores penalistas del país. Su despacho, en el que trabajan una docena de expertos abogados, incluida Débora Quintero, su mujer, tiene actualmente más de mil casos sobre la mesa.

El minutero en marcha

En Gómez-Acebo&Pombo son muchos más. El bufete cuenta con 406 profesionales entre los que están quienes se encargan de velar por los intereses de la Infanta Pilar. El marido de la tía del Rey, cuyo nombre es uno de los muchos que aparecen en los papeles de Panamá, dejó en manos de la firma la gestión de su sociedad offshore entre 1969 y 2014 y son ellos quienes siguen al frente de buena parte de las inversiones de la familia. Un despacho encargado también de otros asuntos mediáticos como la defensa de Ángeles Amorós, exdirectora general de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), acusada de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

Metidos hasta el cuello en problemas de este calado uno entiende que se pongan en manos de los mejores, aunque haya que estar dispuesto a pagar cifras astronómicas. Los grandes de la abogacía española cobran sus servicios a precio de oro: los hay incluso que ponen el minutero en marcha nada más recibir al cliente. Se embolsan hasta 400 euros la hora. Cuando el tiempo que los profesionales van a dedicar al asunto es imposible de cuantificar y el dinero que está en juego lo suficiente como para que muchos mortales pensemos en retirarnos, la factura suele ser el 5% de lo salvado. Un porcentaje nada despreciable cuando lo que está en juego son millones, muchos millones.