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ADA DASÍ
Viernes, 6 de febrero 2015, 00:48
El caso de Mari Ángeles, la indigente apaleada en un cajero, es un asunto bien conocido en Torrent. Incluso su situación se trató en una de las últimas sesiones plenarias a raíz de una petición de la Plataforma de Personas Desempleadas que reclamaba al ayuntamiento una solución para sacarla de la calle, después de que se conociera una primera agresión.
Ahora, la detención de los jóvenes, uno de ellos menor de edad, que cometieron estos hechos ha vuelto a poner sobre la palestra la necesidad urgente de tomar medidas para buscarle un sitio digno donde poder vivir.
En aquel momento, el ayuntamiento hizo público los esfuerzos que se han realizado para ayudar a la mujer. Entre ellos, se tramitó el carné de identidad y la cartilla de la Seguridad Social de los que carecía, y, ahora, la Conselleria de Bienestar Social le ha concedido los más de 400 euros mensuales de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Estos documentos eran imprescindibles para que Mari Ángeles pudiera acceder a algún tipo de subvención, ya que de otra forma era imposible abrir una cuenta bancaria donde poder ingresar la cuantía de la ayuda.
Hasta ahora la mujer ha sobrevivido gracias a la solidaridad de los vecinos que son más que sabedores de su situación y de colectivos que trabajan con personas desfavorecidas, como Soterranya y Cruz Roja, que la proveen de ropa de abrigo.
El propio ayuntamiento, tras la reiterada negativa de la mujer a salir de la indigencia, designó a un voluntario para llevarle comida a diario e intensificó la vigilancia policial nocturna en las zonas que frecuenta para evitar más agresiones.
Desde Servicios Sociales, se le ha tratado de convencer en numerosas ocasiones para que se trasladara a una residencia en la misma ciudad, «porque ella no quería dejar Torrent», como explica la concejal de esta área, Pilar Vilanova. «El problema es que no quiere ser atendida», añadía.
De hecho, Mari Ángeles sólo pasó una noche en un refugio facilitado por el ayuntamiento «pero se negaba a cumplir con las normas y acabó por volver a la calle», explicaba la edil.
Ante esta situación, y después de intentar de todas las formas posibles sacarla de la indigencia, el ejecutivo recurrió a un juez para que la incapacitara legalmente y poder realojarla en alguna residencia pero fue denegado. «Tras el reconocimiento del forense, el juez falló en contra y dijo que estaba en plenas facultades», señalaba Vilanova.
Tras la agresión sufrida por la mujer, que la ha dejado bastante maltrecha, desde el ayuntamiento han adelantado su intención de volver a requerir la intervención de la justicia para terminar con esta situación y buscarle un hogar definitivo y una vida más digna.
La indigente, que tiene dos hijas de 17 y 26 años, vive desde hace años en las calles de Torrent. Antes se la veía junto a su pareja, un hombre que falleció hace unos meses en el mismo banco de la torre, junto al mercado provisional, donde solían pasar las noches.
Después de que se quedara sola, el problema ha sido mayor y al verla desamparada ha sido víctima de insultos que terminaron con una paliza, aunque estos hechos tampoco han servido para que acepte la ayuda.
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