Torrent prohibirá el uso de animales en las ferias y circos

El equipo de gobierno de Torrent se ha sumado a la prohibición del maltrato animal en espectáculos y ferias populares. El año pasado la atracción de los ponis en la feria de Navidad ya levantó todo tipo de críticas por parte de diferentes colectivos de la ciudad aunque este año escenas similares puede que no vuelvan a repetirse. Además, durante las fiestas patronales el ejecutivo dejó clara su postura sobre estas cuestiones, prohibiendo incluso la venta de animales en las paradas.

La creación del consejo sectorial para su defensa, que se aprobó en el último pleno a instancias del grupo socialista y que apoyó Compromís, pretende dar respuesta a éstas y otras cuestiones como «el problema social que supone tanto el abandono como el maltrato», tal y como señalan fuentes municipales.

Un grupo de técnicos especializados en estos temas del ayuntamiento está elaborando el reglamento de funcionamiento de este nuevo organismo en el que estarán representados todos los partidos políticos, organizaciones y asociaciones locales relacionados con la protección de los animales, especialistas en su tratamiento y vecinos.

Desde el equipo de gobierno han señalado que este tema «ha sido siempre una prioridad» que han llevado desde el principio en su programa electoral. En la última sesión plenaria, la concejal de esta área, Nadia Marín, ya avanzó que no se prorrogará el convenio con la empresa que se encarga de la recogida de animales, que vence en el mes de noviembre, y que era una reivindicación de los colectivos locales y el grupo municipal de Compromís.

No obstante, y como recuerdan desde el PP, todavía está pendiente la entrada en vigor de la modificación de la ordenanza de tenencia de animales que tiene como un punto destacado la obligación de censar a los perros a través del ADN.

En este sentido, Marín ha adelantado que la normativa se encuentra en periodo de alegaciones y que éstas se debatirán «en el seno del propio consejo, para contar con el máximo consenso». Entre ellas, está la obligatoriedad de registrar la huella genética o las multas que se impongan tras analizar las heces.