Admiten a trámite un recurso contra la urbanización de la Torre del Pirata de Godella

El juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de Valencia ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la asociación Salvem la Torre del Pirata de Godella, contra el acuerdo plenario que revierte la caducidad del proyecto de urbanización de esta zona que consideran uno de los pulmones verdes del municipio. La plataforma vecinal también ha solicitado la suspensión cautelar de este PAI del sector 31/32 que prevé la construcción de cerca de 700 viviendas, aunque la justicia aún no se ha pronunciado.

El movimiento vecinal se puso en marcha el pasado 2 de junio tras la entrada de las máquinas en la Muntanyeta con concentraciones y paseos reivindicativos, y la petición de declarar la zona como Paraje Natural Municipal, «que asegure su supervivencia y regeneración». Tras esto, pusieron el tema en manos de la justicia.

«Nuestro objetivo no es enfrentarnos con el ayuntamiento ni con la promotora, sino defender este pulmón verde que forma parte de nuestro patrimonio», señalan fuentes de la asociación, «se va a hacer una deforestación del terreno sin asegurar que las viviendas se vayan a vender, los que perdemos somos los vecinos». «Esperamos que el procedimiento judicial sirva para frenar esta urbanización», añaden, aunque tienen previsto retomar nuevas acciones reivindicativas a la vuelta de las vacaciones de verano.

El recurso presentado pretende anular el acuerdo plenario del mes de enero por el que se declara la caducidad del procedimiento administrativo para la cancelación de la caducidad del PAI, que llevaba 15 años sobre la mesa, «al haber transcurrido el plazo máximo para resolver el expediente». La propuesta se aprobó con el voto a favor de todos los partidos menos Unidas Podemos EU, lo que permite comenzar las obras.

El Plan general de Ordenación Urbana de 1990 declaraba la zona de la Cañada de Trilles (Torre del Pirata) suelo urbanizable. La luz verde al proyecto urbanístico se aprobó en 2006 pero ante el incumplimiento del agente urbanizador de los plazos de las obras, el Ayuntamiento inició en varias ocasiones su caducidad. Tras ello, la propiedad, el urbanizador y una entidad bancaria interpusieron recursos de reposición. El consistorio solicitó informes jurídicos externos que advirtieron de que el procedimiento de caducidad «no había sido bien tramitado» y en enero, se estimaron parcialmente los recursos y el juzgado dictaminó auto declarando terminado el proceso.

«El Ayuntamiento decidió estimar los recursos para evitar una sentencia favorable a la propiedad en su totalidad, así que se admitieron exclusivamente los defectos del procedimiento tramitado por el departamento de Urbanismo«, señala la alcaldesa, Eva Sanchis. »Si de nuevo se abre un procedimiento judicial por este acuerdo estaremos a la espera de lo que digan los tribunales que serán quienes deberán determinar si fue o no legal porque la justicia no valora la oportunidad política«, añade.

Sanchis también advierte de que tenemos 991.000 metros cuadrados de suelo protegido en la huerta, en el Bovalar (554.000) y en las Canteras (377.000), «que representa el 23% de la superficie de nuestro término». «Por lo tanto somos un pueblo que ha sido y es respetuoso con el medio ambiente», defiende la primera edil.