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DANIEL NAVARRO
ALBORAYA.
Martes, 5 de diciembre 2017, 00:16
Los amarristas del puerto deportivo de Port Saplaya han iniciado una oleada de denuncias contra la Empresa de Gestión Urbanística y Servicios de Alboraya (Egusa), después de que en los últimos días se comenzara a inmovilizar las embarcaciones ante el impago del uso de las instalaciones.
Esta situación se produce después de que, tal y como ya avanzó LAS PROVINCIAS este verano, la firma pública «modificara unilateralmente mediante simple acuerdo de su Consejo de Administración, las tarifas aplicadas a los amarres de Port Saplaya triplicando su precio sin que se justifique el motivo del aumento de la tasa portuaria, tratando a los titulares de amarres como simples arrendatarios y manteniendo unos servicios precarios».
En esta línea, los denunciantes, que acordaron en una reciente asamblea tomar las acciones legales oportunas, aluden a que «de acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Puertos de la Comunidad Valenciana no se puede proceder a la retirada de los barcos».
De igual manera recordaron que «según el reglamento de este puerto, los amarristas dejaríamos de ser los propietarios cuando terminara la concesión actual y saliese una nueva. Por el momento lo único que hay es una prórroga de la misma por parte de la Conselleria, pero con una nueva tasación del valor del puerto mucho más elevada», señalaron.
El asunto también está afectando al club náutico del puerto, a quien los operarios de Egusa le retiraron una de las embarcaciones la semana pasada, afectando a las actividades que lleva a cabo en esta instalación. Desde la entidad apuntaron que «la dársena y la embocadura del puerto no es un servicio que Egusa preste, sino una infraestructura y por lo tanto nadie les autoriza a inmovilizar la embarcación ni a impedir su entrada y salida».
Además subrayaron que «existe un convenio de colaboración aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Alboraya que hoy por hoy no ha sido sustituido, mediante el cual el Consistorio cedía los espacios necesarios al Club Náutico para el uso de las embarcaciones a la Escuela de Vela, que además tiene la consideración de municipal, y en base al cual históricamente no se ha abonado ni pretendido aplicar tarifa alguna».
«Pretenden ahora hacerlo sorpresivamente y además con recargos. Nos parece, lamentamos tener que decirlo, una arbitrariedad y un abuso», aseveraron.
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