Archivan cinco años después la denuncia contra ocho concejales del PP de Catarroja

Los ediles del PP que formaban parte de la junta de Gobierno local en el periodo desde 2003 a 2011, están más tranquilos desde que el juzgado de instrucción número de 3 de Catarroja archivó, hace pocos días, la denuncia contra ellos definitivamente, tras cuatros años de incertidumbre, por presunta prevaricación administrativa.

En todo este tiempo la causa se ha archivado hasta tres veces por la jueza y se volvió a abrir dos más por la Audiencia. Finalmente, la demandante, la concejala de EU y diputada, Rosa Pérez, no ha recurrido y se ha archivado el caso al «no encontrar elementos tipificados como penales» contra los ediles.

El caso se abrió tras la denuncia presentada en septiembre de 2014 por los concejales de EU, Rosa Pérez, que ha actuado como acusación particular, y Daniel Portillo. Los imputados eran la exalcaldesa, Soledad Ramón, Rafael Sanchís, Miguel Francisco Martínez, Agustín Mimbrera y Sandra Alfonso, que ejercen actualmente como ediles en la corporación en la oposición, además de David Nácher y Vicente Comos, que iban en las listas populares en las pasadas elecciones, y Sigfrido Fernando. También se nombraba a la anterior alcaldesa del cuatripartito PSPV, EU, UV y Bloc, Mari Ángeles López, de UV.

La causa de la prevaricación que constaba en la denuncia es «la sistemática contratación temporal en fraude de ley, realizada por los gobiernos municipales, tanto del PP como del PP-UV, que se saldó en diciembre de 2012 con 43 despidos y la privatización de los servicios». Siete de estas personas demandaron al Ayuntamiento, que fue condenado al pago de 115.854 euros en indemnizaciones.

En una de las sentencias se reconocía la antigüedad de uno de los trabajadores desde 2003, de ahí que López, alcaldesa durante ese año, fuera incluida en la demanda, aunque no fue citada a declarar.

Los que sí declararon, a instancias de la Fiscalía, fueron los cinco ediles del PP en el Ayuntamiento. El juzgado de instrucción número 3 solicitó al Consistorio los documentos y contratos que acreditan esta situación de «contrataciones irregulares» desde 2003 hasta 2011. En total, fueron más de 4.000 folios los que se remitieron.

Hasta ese año, 2011, según fuentes consultadas por este periódico, «hay centenares de contratos temporales de corta duración y a las mismas personas, firmados por decreto de alcaldía y con los informes técnicos en contra».

En aquellos momentos, los denunciantes señalaron que «los contratos se aprobaban por junta de Gobierno y la temporalidad era tan elevada que tuvo que intervenir la Delegación de Gobierno». Este organismo detectó hasta 69 contratos irregulares relacionados con las áreas de Bienestar Social, Juventud, Deportes, conserjerías y limpieza, que acabó con el despido de los trabajadores que, después, solicitaron la indemnización.

En el caso de que la sentencia hubiera sido contraria a los ediles la pena que podría haberse impuesto es la inhabilitación para cargo público de entre siete y diez años, lo que hubiera representado un problema ya que cinco de los ocho demandados forman parte de la actual corporación y también hubiera impedido que se pudieran presentar en las listas.

Una vez archivado el caso definitivamente, sin que hayan recurrido los demandantes, los populares se encuentran inmersos en la elección de su candidato para los próximo comicios y aunque aún no es oficial, todo parece apuntar a que la exalcaldesa, Soledad Ramón, no continuará.