Condenan al Ayuntamiento de Almàssera a pagar 170 horas extra a una trabajadora

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de Almàssera a pagar 170 horas extraordinarias a una trabajadora municipal. En total, el Consistorio tendrá que desembolsar casi 11.000 euros, más intereses y costas judiciales. Toda esta situación se remonta al año 2016.

Durante este periodo, esta funcionaria realizó 250 horas aprobadas y reconocidas - el Estatuto de los Trabajadores las limita a 80-, pero nunca fueron abonadas, dice la sentencia. El problema vino cuando la trabajadora reclamó el pago de las mismas tras diversos escritos presentados en el Ayuntamiento.

En este sentido, el documento relata que el órgano local «no siguió el procedimiento legalmente establecido a la hora de abonar a dicha funcionaria los servicios extraordinarios realizados». Asimismo, según fuentes populares, existe un informe de la intervención municipal donde se revela que no se había tramitado el expediente del caso en tiempo y forma.

«En el escrito no aparecen los criterios establecidos por el pleno. Además, incluye que el servicio prestado por la empleada no entra dentro de las competencias de nuestro Ayuntamiento», apuntan. En esta línea, la propia sentencia evidencia la «actuación irregular» del alcalde del municipio, puesto que fue el gobierno quien certificó la realización de estas horas extra.

«No entendemos por qué en el expediente aparece que al Ayuntamiento no le consta este trabajo complementario», indican desde el PP. En este sentido, desde la formación también destacaron las objeciones manifestadas en el informe de intervención.

«Además de evidenciar que no se ha seguido el procedimiento, estos argumentos también afectan a la legalidad del gasto, y al ejercicio indebido del servicio público», matizan desde el PP.

En definitiva, el fallo judicial reconoce a la demandante el derecho a ser indemnizada por las horas trabajadas en el año 2016, conforme a las horas extra festivas, más un porcentaje adicional por los intereses y las citadas costas judiciales.

En esta línea, desde el Partido Popular, tras el conocimiento de la sentencia y del informe de intervención municipal, señala que presentará un escrito al Tribunal de Cuentas para que sea esta entidad la que verifique si el gobierno ha podido incurrir en un posible delito de responsabilidad contable. Un incumplimiento que requiere de una acción u omisión atribuible a quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen caudales o efectos públicos.