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a. talavera
Lunes, 7 de septiembre 2020
Cada vez son más los puntos en zonas del extrarradio de las ciudades que se convierten en vertederos ilegales por las actitudes incívicas de algunos vecinos. En el caso de Paterna, la Coordinadora para la Protecció de Les Moles ha realizado un informe ante el «grave problema medioambiental por el vertido ilegal de residuos sólidos urbanos (RSU)« que sufre la ciudad.
De esta forma, se han localizado, desde el mes de marzo, 132 vertederos ilegales, que ocupan 65.697 metros cuadrados. Entre todos ellos suman un volumen de 11.071,5 metros cúbicos, cantidad equivalente a la capacidad máxima de 615 camiones de basura convencionales. Desde esta organización señalan que esta situación no es nueva pero en los últimos meses se ha agravado y no paran de proliferar puntos donde se deposita residuos y basura.
Durante este estudio, se han encontrado vertidos en 23 de las 60 partidas del término de Paterna. Con un volumen estimado de 10.408 metros cúbicos, los escombros de la construcción representan la fracción mayoritaria de los residuos sólidos localizados.
Desde la Coordinadora quieren acabar con este problema y que las administraciones actúen. Por ello, el informe ha sido entregado por Acció Ecologista Agró, en nombre de la Coordinadora, en el Ayuntamiento de Paterna con el objetivo de que el consistorio inicie el procedimiento para sancionar a los responsables.
Desde el Ayuntamiento de Paterna han explicado que estos terrenos son privados y que tras comprobar que existen estos vertidos se requerirá a los propietarios para que los limpien. Además, recuerdan que ya pusieron en marcha un sistema de barreras en puntos sensibles para que no se pudiera acceder y depositar los escombros. Esta medida ha dado buenos resultados y se han reducido los puntos de forma considerable según detallan desde el consistorio.
Como medida disuasoria, la Coordinadora ha propuesto que se restrinja la circulación de vehículos también en los caminos rurales.
Desde la Coordinadora señalan que si no se toman medidas, «no descartamos denunciar estos hechos ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia, el Síndic de Greuges y la Agencia Valenciana Antifraude por un posible delito de prevaricación administrativa por omisión.
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