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J. SANCHIS
VALENCIA.
Domingo, 26 de noviembre 2017, 14:02
Tuberías cortadas, material de obra acumulado, unas casetas y unos guardias de seguridad son el panorama que el conductor se puede encontrar en varios puntos a lo largo de la pista de Silla. Es lo único que testimonia que allí el Ministerio de Medio Ambiente ha invertido 50 millones de euros. El departamento que ahora dirige Isabel García Tejerina tiene pendiente desde 2010 finalizar la construcción de siete depósitos de recogida de aguas pluviales en el área metropolitana de Valencia, de los que seis están ya finalizados. Pero ninguno de ellos ha sido utilizado todavía.
Dentro del programa de reordenación de la infraestructura hidráulica y red de saneamiento del área metropolitana de Valencia, el ministerio, entonces dirigido por Cristina Narbona, planeó en 2005 la construcción de una serie de depósitos de tormenta en el entorno del parque de l'Albufera para recoger aguas pluviales y remitirlas posteriormente a la depuradora de Pinedo.
El objetivo era evitar que las aguas procedentes de los polígonos ubicados en municipios como Sedaví, Alfafar, Catarroja, Massanassa, Silla, Alcàsser y otros fueran directamente a la laguna. La función de los depósitos es recoger estos vertidos y reenviarlos a la depuradora de Pinedo para, después de ser tratados, trasladarlos al lago y evitar así su contaminación con productos industriales.
Doce años después, los tanques están prácticamente finalizados. Pero sin poder darles uso pese a la costosa inversión de decenas de millones de euros. Hasta que la constructora paró, hace ahora siete años, se habían construido seis de los siete depósitos previstos en Massafalssar, Alfafar y Silla. Y así hasta hoy.
La única diferencia es que desde hace cuatro años las obras están custodiadas por una empresa de seguridad privada, que al final tendrá que pagar el Estado a la constructora. Desde la Cámara de Contratistas, el director gerente, Manuel Miñés, resaltó que la finalización de la obra depende de una modificación del proyecto que representa una parte muy pequeña del importe total de la obra.
Desde la puesta en marcha del Programa Agua hace trece años se han gastado cerca de mil millones de euros en obras que o bien no funcionan o lo hacen a un rendimiento muy inferior al previsto. La más importante de todas ellas es el trasvase Júcar-Vinalopó, que costó cerca de 400 millones de euros y este año sólo ha podido transferir nueve hectómetros de los 80 previstos.
El Ministerio de Fomento tendrá que volver a construir el embalse de San Diego, básico en el trasvase, y que no ha entrado en funcionamiento por varios defectos en la construcción. Su coste es de 40 millones de euros.
A esta cantidad hay sumar los 100 millones invertidos desde la primera toma de la infraestructura en Cortes de Pallás hasta Villena y que, en estos momentos, no están siendo utilizados.
Otra de las grandes obras que no está a pleno rendimiento es la desalinizadora de Torrevieja, que tuvo un coste cercano a los 300 millones de euros. Las plantas de Moncofa y Oropesa no tienen usuarios y tampoco están funcionando. Ambas suman una inversión cercana a los cien millones. A esta cantidad hay que añadir los 40 de la desalinizadora de Sagunt y los 90 de la de Mutxamel.
Por otro lado, se han enterrado 40 millones en una tubería de 17 kilómetros de largo que está sin uso y que debería conectar la depuradora de Pinedo con Catarroja. Otros 31,7 millones ha costado la presa de Belcaire, que hasta el momento no se está utilizando. En una situación similar se encuentra la presa del Algar, todavía en periodo de pruebas.
Infraestructuras reclamadas por los agricultores tampoco se han llevado a cabo. Es el caso, por ejemplo, del embalse de Vilamarxant en la provincia de Valencia o la reparación del de Alarcón para que pueda almacenar el 100% de su capacidad.
La empresa constructora frenó la ejecución de las infraestructuras después de que este trámite burocrático paralizara el pago de los trabajos. Miñés se preguntó hasta cuándo se tiene que soportar esta situación. Según indicó, el escándalo de corrupción descubierto en Acuamed ha contribuido a la paralización de las obras, pero destacó que los valencianos «no tienen por qué soportar las consecuencias». En su opinión, el Ministerio de Medio Ambiente «tiene que buscar una solución inmediata y acabar con esta situación».
La situación es todavía más grave teniendo en cuenta la situación de sequía que sufre toda España pero, de manera especial, la Comunitat. Cualquier fuente de recursos hídricos alternativa es fundamental. De hecho, desde el Ministerio de Medio Ambiente ya se ha advertido en varias ocasiones del riesgo de falta de agua para abastecer a la población.
Los regantes aseguraron a LAS PROVINCIAS que cerca de 40 municipios del sur de la provincia de Alicante pueden sufrir cortes de suministro a partir de enero. Entre las localidades afectadas se encuentran poblaciones de la importancia de Benidorm u Orihuela.
La capacidad de estos depósitos supera los 100.000 metros cúbicos de agua que podría ahorrarse para los regadíos del Júcar. En estas zonas la Confederación Hidrográfica ha aplicado reducciones del 5% en los recursos para el regadío. Además, las obras tienen una gran importancia para la recuperación de l'Albufera, ya que evitará la llegada de aguas contaminadas a la laguna cada vez que se producen lluvias torrenciales. Ahora los aliviaderos no tienen suficiente capacidad.
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