La Emshi elimina el pago por albergar las potabilizadoras a Picassent y Manises

Picassent y Manises dejarán de tener asignado el canon anual que la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) les tenía que pagar por albergar en sus términos municipales sendas potabilizadoras de agua. La presidenta de la Entidad, Elisa Valía, ha impulsado la modificación en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2021 que pone fin a esta cuota que los 56 municipios que componen la entidad abonaban a estas dos localidades desde el año 2006.

En concreto, dejarán de percibir cada uno 475.000 euros o lo que es lo mismo, el conjunto de ayuntamientos que componen la Emshi ahorrarán 950.000 euros, que es la suma total de lo que abonaban en función de su población desde que Enrique Crespo, actualmente en prisión por el caso Emarsa, lo impulsara para los dos consistorios cuando era alcalde de Manises y presidente de la Emshi al mismo tiempo.

El municipio que más dinero se veía obligado a sacar de sus cuentas es Valencia, que hasta ahora entregaba 478.000 euros al año. Otros casos sonoros son Torrent (49.500 euros), Paterna (42.200 euros) o Mislata (26.300 euros). Aunque no hay ninguno que escapara al canon: Alaquàs (18.000 euros), Burjassot (23.000 euros), Albal (10.000 euros), Catarroja (17.000 euros), son algunos ejemplos.

“Acabamos por fin con un cobro escandaloso que estableció un político corrupto, Enrique Crespo, que actualmente cumple condena en la cárcel, para beneficiar las cuentas de Manises cuando él estaba al frente de ese ayuntamiento y de la EMSHI al mismo tiempo”, ha declarado Elisa Valía.

La dirigente socialista celebra que “se ponga punto y final a una situación absolutamente insolidaria con los municipios del ente metropolitano” y ha recordado que “la tarea de quien ostenta la presidencia es velar por el interés general de la entidad y no por el beneficio propio, como ocurrió con Crespo, condenado posteriormente por corrupción”.

La batalla por el canon millonario se remonta al año 2006, cuando Crespo lo impulsó con el pretexto de compensar a Manises y Picassent por unas supuestas externalidades negativas de las plantas potabilizadoras que, a día de hoy, no se han podido demostrar. De hecho, la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento (Aeas) aseguró en su momento al respecto por escrito que "no se ha conocido ningún caso en el que se esté aplicando algún tipo de mecanismo compensatorio por la ubicación de plantas o instalaciones de tratamiento de aguas potables en un determinado municipio".

Además, un informe que realizó el académico Francesc Hernández, catedrático de Economía Aplicada y director del grupo de investigación de Economía del Agua de la Universitat de València (UV), concluye que "no existe constatación de que los procesos de potabilización hayan provocado efectos o externalidades negativas sobre el entorno social o ambiental que pudiesen dar lugar a mecanismos de internalización o compensación por posibles daños derivados de la actividad".

El pago anual funcionó hasta 2011, cuando la asamblea del ente metropolitano, presidida entonces por Arturo Ros –compañero de Crespo en el Partido Popular- instó a su eliminación, bajo el argumento de que se había instaurado por “un criterio de oportunidad”.

Los ayuntamientos de Manises y Picassent empezaron entonces una batalla legal para recuperar el subsidio. Los tribunales tumbaron el procedimiento por el cual se suspendió el abono y la Emshi acató la sentencia, pero ha continuado buscando el mecanismo para acabar con la partida millonaria.

“La Emshi siempre cumplirá las sentencias judiciales y abonará el pago que establezcan los tribunales. Pero es muy importante recalcar que durante el largo proceso judicial no se ha llegado al fondo del asunto. De hecho, llama poderosamente la atención que en una de las sentencias del proceso se llega a confundir literalmente una depuradora con una potabilizadora. La primera puede que tenga externalidades; la segunda, rotundamente no”, ha destacado Elisa Valía.

De acuerdo con la dirigente socialista, “mantener ese pago es dar continuidad a las corruptelas del Partido Popular y avalar una decisión egoísta e injusta para las cuentas municipales de los ayuntamientos”. “Como presidenta, no sólo tengo el deseo, sino también la obligación de buscar el bien común de las localidades que forman la entidad, cuyas arcas no van a verse mermadas a partir de este ejercicio por este canon que ya es historia”, ha aseverado.