El PSPV expulsa a un concejal de Massalfassar procesado por agresión sexual

La dirección del PSPV-PSOE expulsó este miércoles, 6 de marzo, al concejal socialista de Massalfassar G.I.V tras ratificar que el edil había sido procesado por violación. Según fuentes del PSPV, este cese es «indiscutible» por la gravedad del suceso.

«Los hechos son repugnantes, los condenamos totalmente», agregaron. En este sentido, explicaron a este medio que, pese a los seis meses de ardua investigación para esclarecer el caso, desde el PSPV desconocían el curso del proceso por agresión sexual. «Si lo hubiésemos sabido antes, desde el PSPV se hubiese actuado en consecuencia», agregaron. Asimismo, adelantaron que en casos procesales, son los militantes acusados los que «se ponen en contacto» con la agrupación buscando diligencias.

Al no hacerlo, este procesamiento ha sido toda una sorpresa tanto para la dirección del partido en Valencia como para el Ayuntamiento de Massalfassar. «El fallo está en manos de los jueces, nosotros tenemos que ser prudentes y respetar el ámbito privado del concejal», subrayaron fuentes municipales.

Al preguntar al alcalde del municipio, Carles Fontestad, por el futuro del edil dentro del Consistorio, Fontestad subrayó que el denunciado puede seguir formando parte de la corporación como concejal no adscrito. «El acta es de él, puede dimitir o no, es su decisión», apuntó. De momento, G.I.V no se ha pronunciado al respecto. Por su parte, desde el Partido Popular piden «respeto» hacia el concejal socialista. «Son temas personales, muy serios que deben resolver los jueces», matizaron. Además, desde el Ayuntamiento indicaron que aún no existe ninguna sentencia judicial.

En esta línea, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, la jueza encargada de la instrucción dictó un auto de procesamiento por un delito de violación a una joven de 20 años en verano.

Tras seis meses de investigación - se inició en septiembre del pasado año a raíz de un atestado de la Guardia Civil- el juzgado dio por finalizada la instrucción al considerar que había suficientes pruebas como para elevar el caso a la Audiencia Provincial y G.I.V. sea juzgado ante el tribunal. De momento, tras la confirmación de estos indicios, se le ha impuesto una fianza de 6.000 euros para asegurar el pago de las responsabilidades civiles.