El juzgado retrasa dos meses el desahucio a 31 de las 38 familias de La Pobla de Vallbona

El nerviosismo y la incertidumbre dieron paso a una sensación de alivio en las calles Sant Sebastià y Argila de La Pobla de Vallbona tras confirmarse la paralización del desahucio previsto para el día 9 de diciembre de las 38 familias de dos bloques de viviendas. El juzgado de Llíria admitió las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento sobre la situación de vulnerabilidad para 31 de las 38, con informes de los Servicios Sociales municipales.

No obstante, esto no evitó que ayer por la mañana se vivieran momento de «desesperación» y «muy tensos» entre los afectados. Mientras unos se congregaban en la calle a escuchar las recomendaciones de los voluntarios de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que han estado a su lado desde el primer momento, otros bajaban sus enseres dispuestos a abandonar sus viviendas tras las presiones del fondo de inversión propietario del inmueble.

A primera hora de la mañana los teléfonos echaban humo y un responsable de la propiedad paseaba entre ellos con carpetas amarillas en las que llevaba los papeles para firmar y un tentador cheque de 4.500 euros para aquellos que accedían a entregar las llaves.

Con audios con frases como: «Lárgate que te van a echar», «se van todos, aprovecha que están ahí y coge el dinero», la propiedad presionaba a los afectados que se ponían cada vez más nerviosos y se aferraban a la promesa del alcalde, Josep Vicent García, de que el desahucio se había paralizado. «No podemos fiarnos hasta que no tengamos el documento en las manos», comentaba el responsable de la PAH, José Luis González, que alentaba a los vecinos a «resistir» a las presiones porque «lo vamos a parar».

 Hasta siete familias decidieron ayer apresuradamente, coger el dinero y abandonar. «Esto se va a acabar, nos van a tirar a la fuerza si no tenemos el papel, no podemos hacer nada», se justificaba uno de ellos dispuesto a dejar su vivienda.

Varios vigilantes acompañaban a los obreros que se daban prisa para tapiar los pisos que sus ocupantes iban dejando libres y cada ladrillo era un mazazo para los que esperaban abajo noticias que les hicieran recobrar la esperanza. Para acabarlo de rematar, a media mañana, se instalaron varias señales de prohibido estacionar el miércoles día 9, la fecha del desahucio.

Neli, es una de las que estaba dispuesta a plantar cara. Tiene tres hijas de 1, 4 y 7 años, la mayor con discapacidad. El domingo tuvo que ser ingresada por un ataque de ansiedad provocado por la situación de «incertidumbre» con la que vivía desde que recibió la carta del desahucio. «No me sirve de nada que me den ese dinero porque no tenemos donde ir y no es suficiente para otro alquiler. Se necesita una nómina y un mes por adelantado y los alquileres por esta zona están sobre los 500 y 600 euros».

La joven no podía aguantar las lágrimas. «Mis hijas me preguntan porqué no montamos el árbol de Navidad, ¿qué les voy a decir?», comentaba, antes de saber que tiene dos meses más por delante mientras las autoridades buscan una solución habitacional para todos ellos.

Vanessa Santiago, otras de las afectadas, daba ánimos a todos. «Vamos a resistir, no hay que dar la batalla por perdida». «Estamos en plena pandemia y sentimos que tiene más protección un perro que está en la calle que nosotros que somos seres humanos». Ella también tiene dos hijos, uno de 18 años con minusvalía, y un segundo de un año, «no quiero tener que pegar una patada en la puerta para tener una casa donde vivir».

Tanto Vanessa como Neli, fueron de las familias que llegaron hace cinco años y firmaron un contrato de alquiler con el supuesto propietario, antes de que la finca fuera embargada y vendida a un fondo de inversión. Ahora ellas, como otras muchas se sienten «estafadas» , «pagamos una fianza y hasta un mes por adelantado», comentan, y aseguran que están dispuestas a asumir un alquiler social para quedarse porque aquí «hemos hecho nuestra vida».