El puerto de Port Saplaya, a menos del 50% de su ocupación por la salida de amarristas

El puerto de Port Saplaya se encuentra actualmente a menos de la mitad de su ocupación, después del conflicto entre los amarristas y la empresa municipal que se encarga de las instalaciones, Egusa, por la subida de tarifas aplicada hace tres años debido a la entrada en vigor de la Ley de Puertos de la Generalitat Valenciana. Esto supuso una importante espantada de embarcaciones a otras instalaciones cercanas, donde «el precio estaba más acorde con los servicios prestados», como señalan algunos de los amarristas.

Tras el conflicto con la inmovilización de las embarcaciones que se negaban a pagar el canon que consideraban «desmesurado», el Club Náutico empezó a perder asociados hasta iniciar el proceso de su disolución en el mes de mayo. La entidad, sin ánimo de lucro, data de 1979, el mismo año en el que se inauguró el puerto y con ella se ha cerrado la escuela de vela.

«No sabemos qué va a pasar ahora porque ya estamos cansados de luchar contra las instituciones», explica uno de los directivos del club, que ha visto cómo con el conflicto descendía el número de asociados. «Estábamos haciendo un bien para la sociedad con la escuela y todo han sido impedimentos», concluye.

En este sentido, apunta que la situación actual de las instalaciones es de «abandono, el mantenimiento es nulo a excepción de la entrada a la dársena. No hay luz ni servicio de marinería, cuando ha llegado a estar hasta el tope». «Tenemos constancia de embarcaciones que se han quedado varadas y no había nadie para sacarlas», añade.

Los amarristas no se quedaron parados ante la subida de cuotas y algunos se negaron a pagar el coste del amarre. Entre ellos, se encuentra José Montesinos que ha presentado una denuncia contra el Ayuntamiento de Alboraya por un presunto delito de «prevaricación».

El afectado argumenta que la Diputación le ha embargado la pensión por el concepto de «multas y sanciones» y alega que «se ha perdido el trato de empresa de alquiler con alquilado para tratarse como un pago forzoso de multas y sanciones, desvirtuando a propósito el concepto de facturación privada para aplicar la coactivada», lo que califica de «falsedad administrativa» en la denuncia.

Por su parte, desde el Ayuntamiento, la concejala de Urbanismo, Ana Bru, señala que están a la espera de recepcionar las instalaciones portuarias y que en la reciente visita a la Conselleria se trató el tema.

Respecto a los impagos, Bru advierte de que «hay que pagar y después reclamar» pero que, de momento, todas las denuncias y reclamaciones a diferentes organismos «han sido negativas». «No es competencia del Ayuntamiento, sino de la Conselleria que es la que tiene la concesión», añade.

El gerente de Egusa, la empresa municipal que se encarga de la gestión, Agustín Martí, insiste en que el revuelo es por «los amarristas que no han pagado» porque el puerto «se encuentra en perfectas condiciones y más tranquilo que nunca». Según Martí, «la ocupación es similar a la de otras instalaciones como la de la Pobla de Farnals, sobre un 60%» y achaca la disminución de amarres a «los efectos de la crisis».

En cuanto a los servicios, el gerente explica que se han incrementado, «ahora tenemos tres marineros y la grúa ha sacado del agua embarcaciones de forma gratuita, además, ofrecemos la tarjeta del aparcamiento gratis». «Inversiones no podemos hacer hasta que la Conselleria no saque la concesión y no sé si nos presentaremos», advierte.

Martí también apunta que las denuncias de los amarristas que no quisieron pagar «se están desestimando» y que «se han dado facilidades para hacerlo» y ve «normal» que «se inicie el procedimiento ejecutivo para cobrar la deuda».