A. DASÍ
Viernes, 13 de diciembre 2019, 00:43
tavernes. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 9 de Valencia obliga al Ayuntamiento de Tavernes Blanques a reabrir y restituir a su origen el pozo de agua Virgen de los Desamparados, que abastecía a los vecinos de las calles Carcaixent, Doctor Fleming y Pintor Sorolla y cuyas instalaciones están ubicadas en el interior de la escoleta infantil.
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El fallo ha dado la razón a los vecinos, que llegaron a manifestarse para evitar su cierre y el enganche al suministro municipal, y llevan tres años de litigio judicial contra la decisión del Consistorio de clausurar la infraestructura. La demanda de los residentes se ha aceptado «por cuestiones esenciales al no existir fundamento, prueba, ni competencia municipal» y advierte de que «en el acto administrativo impugnado no explicita el motivo por el que se acuerda la clausura del pozo». Además, condena a pagar las costas a la administración local.
Los vecinos han señalado que esta «es la tercera sentencia que nos vuelve a dar la razón en nuestra lucha que inició la alcaldesa contra un recurso esencial como es el agua y de nuestra propiedad». Y es que en ella, también se pone de manifiesto que el Consistorio reconoce la titularidad de la infraestructura hidráulica y su inscripción en el catálogo de aguas privadas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
No obstante, el fallo no es firme y fuentes municipales ya han confirmado que «se ha tomado la decisión de proceder a la apelación ya que la sentencia resuelve que hay falta de informes técnicos que motiven la contestación de la demanda y como precisamente todas la decisiones tomadas por este Ayuntamiento han sido en base a criterios técnicos, entendemos natural apelar». De igual manera, recuerdan que «nuestro criterio -tanto anteriormente como ahora- desde el momento de la judicialización del caso, es el de acatar lo que la justicia diga en última instancia».
Por su parte, la concejala del grupo municipal de Vox, Laura Carrasco, ha hecho firme su compromiso con la sentencia y ha expresado que «tomarán cartas en el asunto». «Haremos responsable al equipo de Gobierno, pues como bien queda reflejado en la sentencia, nos condenan a costas al Ayuntamiento. Es un dinero y recursos, de todos los vecinos, que se podría haber destinado a fines sociales».
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