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Torrent
Jueves, 28 de enero 2021, 00:05
Después de que Inspección de Trabajo advirtiera al Ayuntamiento de Torrent de que debe regularizar los costes salariales de tres becarias, el concejal de Hacienda, Andrés Campos, anunció ayer que «no vamos a impugnar la decisión y asumiremos el pago a la Seguridad Social».
El tema que ha levantado las críticas de la oposición se debe a que la inspección detectó que tres becarias contratadas por el consistorio, que llevan seis años en el puesto, debían cotizar como trabajadoras de la administración. «No se trata de ninguna sanción, solo que tenemos que asumir el pago de sus cotizaciones, no hay más historias y ya se ha procedido a la modificación de los contratos», aseguró Campos.
Respecto a la comisión de investigación solicitada por PP y Compromís, el edil explicó que presentaremos una enmienda a la totalidad para que se investigue la situación de los becarios desde 2007«, en relación al mandato de los populares en el gobierno local. »Deberían ser más prudentes«, añadió y apuntó que »una de las afectadas estaba contratada desde 2013«.
«Hubo momentos en el que había más becarios que mesas en el gabinete de comunicación (2008-2015), no lo critico pero cotizaban en tarifa plana hasta que la Seguridad Social hizo una advertencia en 2015 y se redujeron a su máxima expresión», añadió Campos y justificó que desde esos años han pasado por el consistorio cerca de 1.000 becarios «y solo estamos hablando de tres casos». El edil también quiso dejar claro que las personas afectadas trabajan durante seis años en el ayuntamiento pero en tres convocatorias de becas diferentes. «Seguiremos formando a personas pero cumpliendo la normativa», añadió.
Por otra parte, en la misma rueda de prensa, el alcalde, Jesús Ros anunció que el consistorio recibirá 1,9 millones de euros del Plan Resistir para ayudas directas a los autónomos y pequeñas empresas que hayan tenido que cerrar sus puertas, como consecuencia de las últimas medidas anticovid. «Ya estamos preparando la modificación de crédito para completar el 15%, cerca de 296.000 euros, que nos corresponde asumir», advirtió.
El nuevo decreto con las medidas sanitarias impuestas por la Generalitat afecta a cerca de 400 negocios en Torrent, como señaló Andrés Campos, que podrán beneficiarse de estas prestaciones directas, que asumen la Generalitat, Diputación y los ayuntamientos, y que ascienden a 2.000 euros por cada uno y 200 euros por trabajador hasta un máximo de 10.
En la misma línea, con el fin de prestar ayuda a los colectivos más afectados por la crisis sanitaria, el consistorio ha decidido suspender la tasa por ocupación de vía pública del mercado ambulante, que se suma a la que ya se aprobó para las terrazas de hostelería. Esto implica que las arcas municipales dejen de ingresar cerca de 200.000 euros, 60.000 de ellos de los vendedores.
Además, el concejal responsable de esta área, Toni Nebot (Cs), explicó que las paradas de artículos de primera necesidad asciende al 20% del recinto y el resto ocupa el 30% hasta completar el aforo del 50% exigido en las nuevas medidas sanitarios para estas instalaciones.
El alcalde también quiso explicar el operativo formado por 30 agentes de la Policía Local que controlará el cierre perimetral, que comenzará este fin de semana, decretado por la Generalitat para las ciudades de más de 50.000 habitantes.
La Policía Nacional colaborará en este dispositivo de vigilancia apostado en varios puntos concretos como son las entradas por la carretera de Picanya y desde Alaquàs, la rotonda del polígono industrial por el corredor comarcal y las dos estaciones de metros para impedir que nadie entre ni salga de la ciudad, excepto por los supuestos contemplados. Respecto a los núcleos diseminados, según Ros, son competencia de la Guardia Civil.
El primer edil destacó que durante la semana pasada se impusieron 70 sanciones, 48 de ellas por no llevar o portar mal puesta la mascarilla, cinco a cuatro locales y el resto por no cumplir el toque de queda o fumar.
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