El Tribunal de Cuentas investiga a Xirivella por hacer la consulta vecinal sobre los bous

El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Asociación de Amigos del Toro y del Caballo de Xirivella en la que se pide responsabilidad contable a los concejales que votaron a favor de realizar la encuesta ciudadana sobre la realización de los festejos taurinos en el municipio.

Esta demanda llega tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en su Sala de lo Contencioso Administrativo del año pasado, contra la resolución que impidió los actos taurinos en 2016, al considerar "contrario a derecho" que el alcalde, Michel Montaner, no concediera el permiso a la peña, en aquellos momentos Rincón Taurino.

Y esto, después del proceso de participación ciudadana a través de una encuesta para conocer el sentir de la población sobre los festejos taurinos. El 'no' ganó en las urnas por un estrecho margen con un 53,4%, aunque la participación fue residual, solo un 7%, de los más de 23.000 habitantes del municipio. A pesar de que el resultado "no es vinculante" como confirmó el Consistorio, gobernado por PSPV, Compromís y Sí se puede, no se otorgó la licencia correspondiente para la ocupación de la vía pública lo que desencadenó la denuncia por parte de los afectados.

En primera instancia, el juzgado de lo contencioso administrativo declaró que la encuesta "no puede estimarse válida, ni vinculante" y se recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia que les dio la razón.

El presidente de la asociación, Miguel Sevilla explica que "queremos que devuelvan los 8.915 euros que se gastaron en la encuesta, junto con los 2.400 de gastos jurídicos, porque ese dinero lo hemos pagado todos los vecinos", que suman un total de 11.335 euros.

Esta petición "se la hemos trasladado al alcalde en varias ocasiones en el turno de ruegos y preguntas en los plenos". "La respuesta que nos ha dado siempre es que acudamos a la justicia y así lo hemos hecho", se justifica.

 

"Cuando nos tocan nuestros derechos tenemos que defendernos y esperamos que nos den la razón", señala. "Jamás hemos pedido nada por los daños morales causados ni indemnización por no dejarnos hacer los actos, pero queremos que devuelvan el dinero gastado en todo esto a los vecinos porque se puede destinar a otras acciones más importantes", añade.

Desde la Asociación de Amigos del Toro y del Caballo anuncian que tienen la intención de organizar los bous este mes de septiembre "el año pasado no pudimos por la pandemia pero parece que la situación sanitaria va mejor" y no quieren renunciar a sus fiestas. Para ello, deberán solicitar el permiso por la ocupación de vía pública al Ayuntamiento para montar la plaza, así como el enganche de la luz y, como todos los años, un camión de arena. "Somos de la opinión de que quien quiera fiesta que la pague y eso hacemos nosotros. Luego ya si no te gustan los toros no tienes el por qué venir", advierte su presidente.

En el caso de que la administración local deniegue el uso de la luz, la asociación ya tiene plan B, "utilizaremos un generador si hace falta". "Creemos que este tema no tiene que ser una prioridad para el Consistorio pero no tienen el por qué prohibir los actos", añade Miguel y señala que "los políticos no están ahí para hacer lo que quieran sino para servir al pueblo".

El Tribunal de Cuentas ha dado un plazo de cinco días a la administración local para que presente alegaciones. Fuentes municipales consultadas han avanzado que así lo harán y que están en manos de los servicios jurídicos ya que consideran los hechos de los que se les acusa de "muy cuestionables".

En esta línea, advierten de que la consulta popular "está ajustada a derecho" puesto que existe un área específica de Participación Ciudadana dirigida a acciones para conocer la opinión de los vecinos sobre cuestiones municipales.