Vecinos de Llobatera en Riba-roja viven amedrentados por los okupas

Hasta hace dos años la vida en la urbanización Llobatera de Riba-roja era tan tranquila que los vecinos dejaban incluso las puertas de sus casas abiertas. Pero todo cambió cuando una familia de okupas se instaló en una vivienda propiedad del banco, con terreno y piscina.

La patada en la puerta se convirtió en un sinvivir para los residentes más cercanos y la tranquilidad se ha transformado en "inseguridad" incluso para pasear por los caminos. "Cada vez que salimos de casa avisamos de que nos vamos para que alguien esté atento por si acaso pasa algo", comenta uno de los afectados que ha tenido algún encontronazo que otro con los inquilinos ilegales.

El problema se incrementó con la ocupación de una segunda vivienda, propiedad de una familia, que puso a los vecinos en sobreaviso del "efecto llamada" que está surgiendo. "Buscan casas con terreno para poder pasar desapercibidos dentro de la propiedad y cometer actos que no deben ser muy legales", por ejemplo, como señalan, "queman plástico para sacar cobre".

La presencia de perros peligrosos sin control también ha sido una nota discordante que produjo incidentes de consideración con ataques a residentes, y que acabaron cuando se los llevó la perrera, así como peleas de gallos. También se han registrado robos de poca consideración en las parcelas pero que han aumentado la sensación de inseguridad.

 

Ahora, lo residentes sospechan que un preso que se fugó de Picassent cuando iba a ser hospitalizado el pasado mes de diciembre frecuenta la zona y los temores han ido creciendo por su presencia. "Vivimos condicionados por los okupas. Hemos pasado de estar tranquilos a estar pendiente de quién viene y de quién va", explican. De hecho, según afirman "es habitual entre semana ver entre diez y doce coches en una de las viviendas ocupadas y mucha gente con menores, a pesar de ser días lectivos y las normas sanitarias por la pandemia".

Desde hace ya algún tiempo algunos residentes han optado por instalar cámaras porque "duermes más tranquilo" y muchos tienen perros en sus propiedades "para alertar si entra alguien", ya que el trasiego de vehículos sospechosos por la urbanización es casi continuo.

La asociación de vecinos no se ha quedado de brazos cruzados en este tiempo. "Hemos negociado con las empresas encargadas de los suministros, luz y agua, para que se los corten. Ahora no tienen luz pero siempre buscan la manera de engancharse ilegalmente". Respecto al agua es más complicado porque el servicio es de un pozo privado.

También han comunicado al banco propietario de uno de los chalés la situación, pero sin obtener resultados. En cuanto a la propiedad de la otra vivienda usurpada, el tema ya esta en manos del juzgado y este mismo mes será la vista.

Por ello, reclaman al Ayuntamiento que tome cartas en el asunto para estrechar el cerco a los okupas. "Si hubiera más controles y se les identificara no actuarían con tanta impunidad y si se ven amenazados probablemente se irán", comentan.

Preguntado por esta situación el alcalde, Robert Raga asegura no tener constancia de la ocupación hasta hace unos días, tras contactar con la Guardia Civil a raíz de la demanda vecinal. "La Policía Local solo ha registrado dos denuncias en estos dos años, relacionadas con perros", apunta. No obstante, se reunió con los afectados, como habitualmente lo hace con las entidades vecinales, y se comprometió a aumentar la vigilancia.

En Riba-roja hay una docena de urbanizaciones y cinco núcleos diseminados, y solo un 40% de la población vive en el casco urbano. Con estos datos, "las viviendas ocupadas son mínimas", destaca Raga. "Es un problema importante para los vecinos y vamos a darles la máxima seguridad", añade y señala que "se seguirán los pasos legales y se actuará en consonancia".

Por otra parte, el pleno aprobó una moción en septiembre del año pasado, a propuesta de los socialistas, para incrementar la presencia de agentes de la policía local en determinadas zonas del término municipal que puedan ser ocupadas de forma ilegal y por la fuerza, al tiempo que pondrá en marcha diversos convenios para el asesoramiento a los vecinos que sean objeto de estas actuaciones ilegales, así como cursos de formación a los efectivos policiales.