Vecinos de Torrent denuncian la ocupación ilegal de dos chalés en la misma urbanización

Impotencia y rabia es lo que sienten los propietarios de uno de los dos chalés ocupados ilegalmente el pasado fin de semana en el núcleo diseminado del Modronyal de Torrent. «Rompieron el candado y ahí están, disfrutando de una piscina y de una propiedad que no es suya», comentan Fede Esteve y Enrique Cervera, indignados por como se trata el tema del desalojo.

En la otra vivienda, tuvieron más suerte y los «inquilinos» decidieron marcharse ante el temor de una denuncia judicial y después de quedarse sin suministro de agua y luz. Pero en el caso de Fede y Enrique, persisten en la ocupación de la propiedad que según alegan «alquilaron a un francés a quien pagaron 1.400 euros por tres meses».

«Pero, ¿cómo van a alquilarla si los propietarios somos nosotros?», se preguntan los afectados. Además, según informan, la Guardia Civil les reclamó el contrato que no han presentado «porque lo tienen en la otra vivienda». La caseta la heredó Fede de su abuelo y ahora una familia con cuatro menores disfruta de un entorno en plena naturaleza, con una cocina equipada y con los gastos de agua y luz pagados.

Según explican la ocupación se produjo entre la tarde del sábado y el domingo. «Un vecino nos preguntó si habíamos alquilado el chalé y después, un familiar se pasó por allí y vio el panorama», explican. Entonces fue cuando se presentaron con la Guardia Civil para exigir explicaciones. «No se ha actuado como se debe porque según la ley hay un plazo de 72 horas para un desahucio exprés y ellos no han presentado ningún contrato de alquiler. En cambio nosotros fuimos con la escritura en la mano«, comenta Enrique.

Además, la vivienda conecta con un campo al que solo se puede acceder por allí con 14 hanegadas de naranjos. «Esto es absurdo, la ley se aplica para ellos pero no para nosotros». «Me he leído el manual del okupa por internet y ellos están siguiendo todos los pasos», comenta Enrique, «al decir que tienen contrato derivará en un proceso civil y hasta que el juez decida si es legal o no pueden pasar entre cuatro y seis meses. Mientras, se han acomodado y piensan pasar aquí el verano».

Respecto a la actuación policial, los afectados tienen sus dudas, «les pidieron los carnés y ni siquiera se identificaron, luego estuvimos dos horas para poner la denuncia en el retén, en la que no se recogen los partes de las dos veces que vinieron los agentes», argumentan y advierten de que es tal la sensación de impotencia que «estamos buscando alternativas casi en el borde legal para recuperar la propiedad de la que hemos perdido la posesión«.

En este sentido, critican que solo haya una patrulla de la Guardia Civil para vigilar los términos municipales de Torrent, Aldaia, Quart de Poblet y Manises.

Entre el vecindario de este núcleo diseminado del término municipal se ha extendido la intranquilidad por estas dos ocupaciones ilegales, que se han producido casi al mismo tiempo, por si puede crear un efecto llamada y llegar más. De hecho, en la otra propiedad, que finalmente se desalojó a tiempo, ya han instalado una alarma.

En el mes de febrero, un grupo de residentes del núcleo de la Font de la Teula, también en Torrent, logró echar a los okupas que se apropiaron de una vivienda, con una concentración pacífica en las zonas comunes. La presión vecinal hizo que los 'inquilinos' decidieran recoger sus bártulos y salir sin hacer ruido.