Vivienda convoca una reunión con la Sareb y los alcaldes de los municipios afectados por desalojos

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha emplazado a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a una reunión el próximo lunes junto a los alcaldes de Torrent, Alfafar y Riba-roja de Túria "para buscar soluciones a largo plazo que den estabilidad y tranquilidad a las familias" que residen en alquiler en casas propiedad de la entidad y que suman entre los tres 265 afectados.

Martínez Dalmau ha realizado estas declaraciones tras las reunión mantenida con el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, para plantear una solución para las 20 familias que se encuentran en esta situación. En ella ha estado acompañado por el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, César Jiménez.

Durante el transcurso de la reunión, se ha conocido la resolución judicial que reconoce que la totalidad de los contratos de alquiler presentados por los vecinos son válidos. El conseller lo ha valorado como una "muy buena noticia" y que refuerza la idea de que la Sareb "sabe que debe renovar los contratos de alquiler el tiempo que haga falta para buscar soluciones a largo término, ya que se trata de una entidad con dinero público y con una responsabilidad social muy importante".

Martínez Dalmau ha afirmado que ahora "no es el momento de que las personas tengan que dejar sus casas en medio de la pandemia. Es el momento de que puedan dormir tranquilos". De ahí la labor que desde la vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda se está haciendo para "ir pueblo por pueblo en los que hay problemas de desahucios para solucionarlos junto a los ayuntamientos".

En ese sentido, ha recordado los encuentros mantenidos estos días con los alcaldes de la Pobla de Vallbona, Torrent, Alfafar y, este miércoles, en Riba-roja. "Sin una vivienda digna, no se puede hablar de una vida con dignidad. Por ello, el Gobierno del Botànic y los ayuntamientos vamos de la mano para garantizar ese derecho".

En la reunión se ha constatado que la necesidad de vivienda en Riba-roja, al igual que en la comarca del Camp de Túria, "es evidente" y de ahí las propuestas planteadas por el vicepresidente Martínez Dalmau: "Hay que destensionar el mercado de la vivienda, crear nuevas y sacar al mercado aquellas que están vacías". Desde la Conselleria se han puesto 10 millones de euros en los Presupuestos de 2021 para que los ayuntamientos puedan adquirir inmuebles.

Por su parte, el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, que ha acompañado al conseller en la visita a los afectados, ha asegurado que "hoy es un día muy importante para este municipio porque se ha construido una alianza entre la Generalitat y el Ayuntamiento" y se ha conseguido que estos vecinos y vecinas con contratos legales, que pagaban sus alquileres e impuestos, era impensable que fueran desahuciados porque se había producido un cambio de propietario".

Del mismo modo, ha destacado el impulso que la Generalitat, a través de la vicepresidencia segunda, está haciendo para solucionar estos problemas y ha asegurado que desde el Ayuntamiento se pondrán en marcha los mecanismos para adquirir vivienda e impulsar el parque público municipal.

La promotora de los inmuebles objeto de intento de desahucio dejó varios pagos a deber y la Sareb adquirió la finca a través de una subasta judicial con la intención de recuperar las viviendas al considerar que los contratos eran fraude de ley.

Desde Torrent, el alcalde, Jesús Ros ha asegurado que el contrato de alquiler de los pisos afectados por el desalojo anunciado por el Sareb "no están en peligro" y que "se van a renovar". El primer edil ha puesto de relevancia "lo cómodo que es resolver los problemas cuando los objetivos de las administraciones públicas van en la misma línea de actuación definida".

Por otra parte, las 95 familias de Alfafar que se encuentran en la misma situación que las de Torrent, con arrendamientos de viviendas de VPO han recibido hoy un burofax del banco malo en el que se informa de que queda sin efecto la salida del domicilio que requería, el mismo día en el que estaba previsto el desalojo de una de ellas, tal y como ha comunicado el alcalde, Juan Ramón Adsuara.

Adsuara ha explicado que se estudiará cada situación en particular para darles la mejor opción posible, a través de los servicios jurídicos y sociales. "Hay algunos que pueden optar a comprar el piso a un precio asequible de mercado y otros que están en riesgo de exclusión social por lo que las soluciones tiene n que ser diferente", remarca.