La alcaldesa de El Puig se sentará en el banquillo por prevaricación administrativa

La alcaldesa socialista de El Puig de Santa Maria, Luisa Salvador, se sentará en el banquillo por un presunto delito de prevaricación administrativa. El juzgado ha abierto juicio oral y la fiscalía Anticorrupción pide una pena de 12 años de inhabilitación. Ante esta situación, el Partido Popular local anuncia que ha solicitado un pleno extraordinario para exigir la dimisión inmediata de la mandataria.

Su portavoz, Bartolomé Vila, ha recordado que su grupo denunció ante la fiscalía Anticorrupción a Salvador por un posibles delito de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Por éste último, el 24 de agosto el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Massamagrell dictó un auto de procedimiento abreviado y la apertura de juicio, por lo que la primera edil se sentará en banquillo.

Salvador tendrá que defenderse tras ser acusada de revocar la comisión de servicios a la interventora que detectó supuestos pagos irregulares a funcionarios, en el ejercicio de 2018. “El auto del juez pone de manifiesto que los hechos denunciados en su día por nuestro grupo municipal ante la Fiscalía, eran suficientemente graves y ponían en cuestión la gestión de la alcaldesa y de su equipo de gobierno de la pasada legislatura”, ha explicado el portavoz popular.

Vila apunta “que en aplicación del propio código ético del PSPV-PSOE, la alcaldesa debería presentar su dimisión inmediata. Y además, ahora que vamos conociendo que el actual teniente de alcalde se postula como candidato a las próximas elecciones municipales, sería un ejercicio de dignidad por su parte presentar su dimisión y no cargar únicamente el peso de dicha responsabilidad en Salvador”.

La denuncia fue interpuesta a principios de 2020 por los grupos municipales de PP y Ciudadanos ante la Fiscalía Anticorrupción por "la decisión unilateral de la alcaldesa y de dos de sus concejales del PSOE en el gobierno de El Puig, María Ángeles Beltrán y Marc Oriola, por revocar la comisión de servicio de la interventora municipal y mantener un pago a un funcionario que se considera irregular", según explicaron los populares.

Tal y como señalaron, la decisión se produjo " tras informar negativamente la interventora de una irregularidad en el pago de miles de euros a un trabajador del Ayuntamiento por productividades que no se justificaban, lo que podía ser un delito, por lo que se pedía que se devolviera el dinero". Además añadieron que en el documento la funcionaria apuntaba que es "especialmente grave porque el funcionario en cuestión es quien elabora las nóminas, lleva el control horario de los trabajadores e informa el expediente correspondiente".

Según argumentaron, "se presionó a la funcionaria para que cambiar su informe antes del pleno y, al negarse ella a hacerlo, se dio una versión diferente en la sesión plenaria".

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