Nacho roca
Rafelbuñol
Jueves, 29 de agosto 2024, 13:59
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha denunciado tres nuevos asaltos a instalaciones de riego en Rafelbunyol, incrementando la preocupación por la seguridad en el sector agrario de la Comunitat Valenciana. Estos incidentes se suman a una larga lista de robos que, en el último año, han causado pérdidas estimadas en 30 millones de euros, un 20% más que el año anterior.
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Los recientes asaltos afectaron a los pozos de San Agustín, Santos de la Piedra y Els Germanells, que suministran agua a 2.500 hanegadas de cultivos y a 250 agricultores en la huerta de Rafelbunyol, en la comarca de l'Horta Nord. Según la denuncia presentada ante la Guardia Civil, los ladrones rompieron el candado del Pozo de Els Germanells y causaron daños en una arqueta exterior de las instalaciones de Santos de la Piedra, aunque sin llevarse nada. Sin embargo, en el pozo de San Agustín, lograron acceder a las pocetas con la instalación eléctrica, forzaron las chapas de seguridad y sustrajeron 50 metros de cableado de cobre.
Francisco Bellver, secretario de la comunidad de regantes afectada, expresó su preocupación: «Aunque teníamos alarmas, han podido entrar y robar. Llevábamos tiempo sin sufrir ningún incidente y tememos que sea el inicio de una nueva oleada, ya que en el pasado tuvimos daños por valor de 15.000 euros».
Estos incidentes se producen en un contexto de creciente inseguridad en el sector agrario, exacerbada por la mayor dependencia del riego debido a la grave sequía que afecta al campo valenciano. En los últimos meses, se han registrado robos similares en la comarca de l'Horta Sud, afectando a motores de riego en Catarroja, Silla y Massanassa.
Ante esta situación, AVA-ASAJA ha hecho un llamamiento al Gobierno para que refuerce la vigilancia en las explotaciones agrícolas y los centros de recepción de mercancías robadas, sugiriendo la implementación de nuevas tecnologías para mejorar la seguridad. Además, la organización agraria insta a endurecer el Código Penal, con el objetivo de imponer penas más severas por la acumulación de hurtos en el medio rural.
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