La compra de 33 pisos para alquiler social dispara las críticas en una finca de Paterna

Los propietarios llevan meses tratando de llegar a un consenso con los responsables de Vivienda para evitar que esta treintena de pisos pasen a alquiler social. Su propuesta es que sea de VPO, tal y como ellos compraron sus casas. Cuando lo hicieron, no sabían que se iba a dar esta situación y señalan que cuando la Conselleria efectuó el derecho al tanteo y retracto, había seis expedientes en contrato de arras que no llegaron a formalizarse.

De igual modo, apuntan que comprenden que este derecho se pueda ejercer en aquellas viviendas que han quedado en manos de bancos o fondos buitres, que actúan en perjuicio de las familias instaladas «pero en este caso, están vacías y nunca se han habitado, por lo que no ha habido rescate alguno».

Tras la compra, el 66% de participación comunitaria pertenece a la administración valenciana, lo que deja a los 19 propietarios restantes «en clara desventaja» en cualquier votación vecinal, como señalan, pero lo que más les preocupa es la «devaluación» del precio de los pisos.

«Los que compramos y nos instalamos aquí fue con la intención de crear un hogar, sin ningún tipo de afán inversor». «No obstante con su actuación, nuestros pisos se han devaluado y si en un futuro nos viéramos en la necesidad de tener que vender, ya no podríamos alcanzar siquiera el precio que pagamos«, aseguran.

Los afectados han remitido un escrito en el que dan opciones para evitar esta situación como sacar a la venta al menos 13 de las 33 viviendas para que sea más equitativa la participación y la finca no acabe convirtiéndose en un gueto. También proponen una serie de condicionantes para los posibles arrendatarios, como un número máximo de seis habitantes o la aceptación de las normas de convivencia de la comunidad.

No obstante, a pesar de varias reuniones con responsables de la administración valenciana, siguen sin tener una respuesta clara, lo que ha creado una ambiente de nerviosismo entre los habitantes de Torregirasol que han decidido hacer pública su reivindicación, y más después de que operarios enviado por el Consell, pusieran a punto las viviendas hace apenas unos meses.

Las reivindicaciones vecinales consiguieron que se asumiera la deuda de 20.000 euros que la administración pública mantenía con la comunidad de propietarios y que había dejado las cuentas en negativo. También se propuso a los propietarios en una reunión instalar cámaras de vigilancia o crear tarjetas de acceso para evitar ocupaciones ilegales mientras siguen deshabitadas.

Desde el Consistorio aseguran que el problema «escapa de sus competencias», aunque se ha prestado la colaboración a los vecinos afectados para servir de intermediario con las autoridades.