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Torrent
Jueves, 3 de junio 2021, 15:17
Compromís per Torrent ha explicado esta mañana en rueda de prensa las razones que han motivado la denuncia contra el Ayuntamiento por no aplicar la ley de Gran Ciudad y por la que el juzgado de instrucción número dos de Torrent ha citado a declarar como investigado al alcalde, Jesús Ros, por presunta prevaricación administrativa por omisión.
En la querella presentada el pasado 1 de marzo, se explica que el plazo administrativo para aplicar el reglamento que se concedió en 2010, era de seis meses. En julio de 2012, la formación propuso al pleno la creación de dos de los órganos previstos; la comisión de sugerencias y reclamaciones, y el jurado tributario, "sin obtener resultado". De nuevo, en 2015 se presentaron sendos acuerdos de eficacia jurídica directa para al aplicación de la ley en un plazo máximo de seis meses, que tampoco se cumplió.
Su portavoz, Pau Alabajos ha explicado que, durante este tiempo, "los ciudadanos no han podido disfrutar de sus derechos democráticos como gran ciudad desde 2012. Hay posibilidad de renunciar pero el ejecutivo, tanto del PP como del PSPV, se ha beneficiado de los derechos que implica esta ley sin asumir la obligaciones". Además, ha recordado que este es uno de los acuerdos del pacto de investidura firmado por PSPV, Compromís y Guanyar, ante notario en la legislatura pasada "que no han cumplido".
Alabajos ha querido destacar que "no se trata de una persecución política" y que el alcalde "ha sido citado por ser el máximo responsable de la comisión de gobierno de los años 2012 y 2015", lo que explica que el PP haya quedado fuera. En cuanto a por qué una querella y no un contencioso, el portavoz ha indicado que "queríamos que fuera otro órgano el que comprobara si hay o no delito".
Por otra parte, ha puntualizado que se trata de una decisión de la ejecutiva local y que se ha informado al partido aunque están fuera del pacto del Botánico. Respecto a las consecuencias, el portavoz ha apuntado que "no sabemos cómo va a acabar porque es la primera denuncia que se interpone por incumplir la ley de Gran Ciudad".
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