El Consell asumirá también escombros de miles de reformas de inmuebles en la zona dana

Fondos y un respaldo «real» del Gobierno. Eso es lo que pidió ayer el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, en un encuentro en Bruselas conresponsables comunitarios, al hilo de una próxima comparecencia en el Comité de las Regiones, donde explicará el Plan de Choque de Residuos aprobado tras la dana del 29 de octubre.

Uno de los asuntos que más preocupan en el ámbito de la reconstrucción es el tratamiento de los residuos de escombros, procedentes de las reformas de miles de negocios y viviendas arrasadas en las inundaciones. Hace unos días, el Ayuntamiento de Paiporta pidió una solución que sobrepasa con claridad los recursos municipales.

Martínez Mus señaló que los residuos de construcción y demolición de grandes infraestructuras, como es el caso del puente caídao de Metrovalencia en el barranco del Poyo o viaductos de carreteras de titularidad autonómica como la CV-36 o la CV-36, han sido retirados y tratados desde el «primer momento y apenas quedan en las zonas afectadas».

Por otro lado, están los escombros de obras menores de construcción. Se gestionan por parte de las empresas que realizan los servicios municipales en ecoparques, pero de forma extraordinaria se buscan fórmulas para que los asuma la Generalitat.

Desde el departamento de Martínez Mus indicaron que ya ha habido reuniones con la Asociación de Empresarios de Selección y Reciclaje de Residuos de la Construcción y de la Industria (ARCI), quienes han mostrado su predisposición por colaborar para gestionar este tipo de materiales, atendiendo a las necesidades de ayuntamientos afectados por las inundaciones.

Tras las reuniones en Bruselas, Martínez Mus explicó que la Generalitat ha creado un dispositivo «sin precedentes» para gestionar de manera eficaz más de 800.000 toneladas de residuos generado por las riadas. «Es un desafío que ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un marco adecuado para afrontar situaciones de emergencia derivadas del cambio climático».

El titular de Medio Ambiente se refirió a algunas de las soluciones puestas en marcha como la creación de puntos de acopio local o la habilitación de puntos de transferencia. A pesar de los logros alcanzados, como la recuperación de fracciones valorizables como colchones, metales y neumáticos, «la cantidad de residuos que terminará en vertederos sigue siendo alta».

Uno de los objetivos de la visita a Bruselas fue buscar vías adicionales de financiación, «ya que el macrocontrato de recogida de residuos ha supuesto un coste considerable para la Generalitat, sin que se cuente con un presupuesto del Gobierno para afrontar estos gastos y sin ser competencia autonómica».

El titular de Medio Ambiente reclamó «fondos y un respaldo real del Gobierno, para implicarse con medidas más allá de aumentar el límite de endeudamiento». Habló de la gestión de residuos a largo plazo como la instalación de incineradoras en las tres provincias de la Comunitat, lo que permitiría la valorización energética de los residuos. Estas instalaciones «no sólo reducirían el volumen de residuos que acaban en vertederos, sino que también contribuirían a la producción de energía, mitigando así el impacto ambiental». La instalación tiene un coste estimado de 300 millones cada una de ellas.

Aseguró que la Generalitat se ha comprometido a trabajar «en la creación de vertederos de emergencia». Diseñados para facilitar el manejo de residuos en situaciones críticas, «ahorrarían costes de transporte y permitirían una gestión más eficiente. Calculamos que cada uno necesita 20 millones de euros», dijo.

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