ada dasí
Burjassot
Miércoles, 20 de octubre 2021, 22:59
Rafael Benlloch, el propietario del bingo ubicado junto a un colegio en la avenida María Ros de Burjassot y que está en el ojo del ... huracán de un movimiento vecinal, advierte de que el negocio es legal y de que el revuelo que se ha formado en contra de su apertura está rebasando los límites.
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Según explica el empresario, el primero de los pasos lo dio el Ayuntamiento con la concesión de la compatibilidad urbanística en mayo de 2019, un documento necesario para iniciar los trámites en la Conselleria, "si no lo hubiera obtenido no habría montado aquí mi negocio", asegura. Después fue la misma administración local la que dio la licencia de obras y de actividad para que, de nuevo, el Consell diera el permiso de funcionamiento.
De lo que se queja es del retraso de casi un año que sufrió para llevar a cabo el acondicionamiento del local, donde sí le pusieron "trabas" desde la administración local. "Me dijeron que era porque iban a modificar la normativa, pero esos cambios no me afectaban porque el permiso era anterior", comenta. "Nos obligaron a cambiar la fachada y accedimos a todas las indicaciones porque si no, hubiera vencido el plazo de un año que da la Conselleria".
No ha sido fácil abrir el negocio y una vez en marcha, el empresario denuncia la campaña de acoso y derribo. "No se puede vivir así. Creía que una vez abierto pararía", en relación a la presión vecinal que está sufriendo.
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Rafael no entiende por qué "habiendo otro local en la calle Pi i Margall junto a un colegio y el centro de salud, y otros dos negocios en Godella a 40 y 60 metros de centros educativos, solo se manifiestan por este", señalando que ha sufrido la rotura de dos cristaleras y la advertencia de que las concentraciones vecinales se repetirán en su local todos los viernes.
Respecto a la petición realizada por la Coordinadora de AMPAs, entidad organizadora de la última concentración de protesta, para que se retiren los carteles y las imágenes relacionadas con el juego en la fachada, advierte de que la nueva legislación establece el plazo para retirarlos hasta el 5 de noviembre y de que está previsto hacerlo antes de esa fecha.
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El empresario señala que es un negocio "muy controlado", con revisiones mensuales de la brigada del Juego sin previo aviso y con un control de acceso conectado con la base de datos de la Conselleria a tiempo real. "Los bares son más peligrosos para la ludopatía porque no tienen tantas restricciones como aquí", añade.
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