Denuncian deficiencias en sendos institutos de Torrent

Después de poner en conocimiento del Síndic de Greuges la falta de baños adaptados para alumnos con movilidad limitada en el IES Serra Perenxisa, Sumant per Torrent amenaza con hacer lo mismo ante la falta de administrativos en el instituto Veles i Vents, que por ratio de matrículas, le corresponden dos plazas.

Su secretario general, Roberto Gómez, advierte de que “de los dos administrativos que había hace unos meses (mayo o junio), el de plaza fija abandonó el Instituto por cambio de centro o lugar de trabajo y desde entonces, no se le ha sustituido, a pesar de reclamarlo la dirección del centro en varias ocasiones a la delegación territorial de Educación”. “El otro, interino, cogió la baja hace aproximadamente un mes y medio y tampoco ha sido sustituido, con lo cual el centro se ha quedado sin ninguno”, añade.

Gómez explica que “sus funciones son realizadas por la directora, vicedirector, jefa de estudios, secretaria y profesores voluntarios, como, por ejemplo, recoger y tramitar las reservas de plaza y las posibles reclamaciones derivadas del proceso, así como el momento de formalizar las matrículas, becas, etc”. Así mismo puntualiza que “el trabajo de estos administrativos es vital para liberar de trabajo al equipo directivo del centro de las gestiones burocráticas y así centrarse en las tareas educativas”.

Por todo esto, instan a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte para que responda con celeridad, para cubrir las vacantes de dicho personal, así como a la dirección general de recursos humanos o ante la función pública si fuese necesario.

Gómez finaliza anunciando que “si pasadas unas semanas no hay novedades al respecto, no dudaremos en presentar la queja al Síndic de Greuges, tal como acabamos de hacer en el caso del IES Serra Perenxisa”. De hecho, el organismo ya ha solicitado a la Conselleria un informe detallado y razonado sobre los hechos que han motivado la apertura del procedimiento de queja, junto con su valoración sobre la posible afectación al derecho invocado, a cuyo efecto dispondrán de un plazo de un mes.

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