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El Gobierno tiene previsto ampliar los plazos para la ejecución de las obras de reconstrucción, según se concluyó en las jornadas realizadas por personal de ... Tragsa en la Mancomunitat de l'Horta Sud el viernes pasado y a la que asistió el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Así lo confimaron tanto el presidente de la entidad, el alcalde de Sedaví, Josep Cabanes, así como su homólogo en Aldaia, Guillermo Luján. La idea es prorrogarlo hasta 2029, dijo el segundo edil.
Los ayuntamientos han recibido ya un total de 1.745 millones de euros del Gobierno para las obras de reconstrucción. Paiporta encabeza este listado con 201 millones, lo que avala que resultó el municipio más destrozado por la dana ocurrida el pasado 29 de octubre.
La entrega del dinero pone en marcha un reloj que puede volverse en contra de los consistorios, dado que el decreto establece que si las obras no se han ejecutado en el tiempo definido, el dinero debe devolver y además con el pago de intereses. Hasta las 15 horas del próximo 5 de febrero de 2026 hay de plazo para entregar las memorias técnicas de lo que se pretende hacer con todos esos fondos.
Después llega el periodo de estudio del Ministerio, que debe confirmar que el dinero se utilizar para las tareas de reconstrucción por la dana. Y a partir del visto bueno, el reloj empieza a correr de nuevo y se dan dos años para que todo esté terminado.
Parece mucho tiempo pero no lo es. Esos 24 meses para licitar, adjudicar y ejecutar proyectos y obras se les antojaba como algo imposible para la mayoría de los gobiernos municipales. En el caso de Sot de Chera, por ejemplo, pasarán para su aprobación un total de 76 actuaciones por valor de once millones de euros, cuando lo normal, según indicó ayer su alcalde, Tomás Cervera, es que se adjudiquen una media de dos proyectos por año.
Guillermo Luján comentó que al municipio de Aldaia le han concedido 39,5 millones de euros y «ahora tenemos la dificultad de gestionarlo para que sea una recuperación rápida, que sea lo menos posible». En su opinión, la reunión del otro día sirvió para aclarar esta situación, al igual que el papel jugado por la empresa estatal Tragsa en la tarea, aunque para Luján «me gusta pero también me disgusta porque es un síntoma de que son conscientes de que vamos a tardar mucho tiempo. Es muy importante que la Administración no esté atascada año y años en procedimientos», aunque precisó que nadie es capaz de gestionar todos esos recursos sin ayuda. En el caso de Aldaia, los recursos recibidos suponen más que su presupuesto anual «para todo», por lo que se necesitaría duplicar los recursos del consistorio para agilizar toda la tramitación de las obras.
Sobre los plazos, recordó que en la jornada «se habló de 2029 si no me falla la memoria», es decir, aproximadamente un año más de lo que se fijaba en el decreto. Todavía hay que darle forma oficial a esta decisión, que supondrá algo de alivio para los ayuntamientos, sobre todo para los más pequeños.
En estos casos, dijo el alcalde de Sot de Chera (algo más de 400 habitantes), la decisión de los consistorios más pequeños ha sido «ponerse en manos» de Tragsa ante la imposibilidad de poder gestionar las millonarias cifras con la agilidad que requieren las necesidades de los vecinos.
El alcalde de Sedaví agradeció por su parte que los fondos se hayan transferido antes de encargar los proyectos, lo que supone un respiro para las arcas municipales. El Gobierno se hará cargo también del pago de las obras de emergencia y los gastos derivados de ella durante los primeros meses tras la dana.
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