Ada Dasí
Godella
Viernes, 7 de octubre 2022, 02:09
Vía libre a la urbanización del sector 31-32 de Godella que lleva dos décadas sin desarrollarse. El pleno aprobó la prórroga y la modificación del PAI en el que se incluye la Torreta del Pirata con los votos a favor del equipo de gobierno que forman PSPV y Compromís, y el apoyo de Cs y PP. Los únicos votos en contra fueron los de la edil de Unides Podem-EU y el concejal no adscrito.
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El concejal de Urbanismo, Carles Durán, fue el encargado de explicar las razones que han llevado al ejecutivo a dar el visto bueno a la urbanización de la zona donde se ha previsto la construcción de 447 nuevas viviendas. Durán explicó que la razón para sentarse con los propietarios y con el agente urbanizador ha sido el "interés general".
"Todos los informes, incluido el de la Agencia Antifraude, señalaban dos opciones, dejar caducar el PAI o darle continuidad y nos sentamos a negociar con los propietarios y el agente urbanizador", explicó, como la única solución para evitar "pagar una indemnización por responsabilidad patrimonial".
El responsable de Urbanismo apuntó, además, que con la actualización del proyecto y el convenio se han conseguido mejoras como "una parcela dotacional, más áreas peatonales y carril bici, el compromiso de no aumentar las cargas de urbanización, resolver el problema de las aguas pluviales y la ampliación de la garantía". También destacó que se mantiene el parque de 13.000 metros cuadrados alrededor de la Torreta del Pirata e insistió en que el proceso ha sido transparente y participativo.
La que no ha estado de acuerdo nunca con la urbanización del sector y ha sido la defensora del movimiento vecinal que ha tratado de proteger este paraje ha sido la portavoz de Unides Podem-EU, Irene Ferrer, que llevaba puesta una camiseta de 'Salvem la Torreta del Pirata'. Su postura fue la misma y acusó al equipo de gobierno de "firmar la sentencia de muerte de Godella", tildándolo de "ecocidio".
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Ferrer criticó la construcción de 447 viviendas que "no se necesitan", haciendo referencia a las 600 que hay vacías en el municipio y en su defensa ofreció cifras como "los más de 1.000 nuevos vehículos que circularán por la localidad y sus más de 1.500 nuevos habitantes que suponen el 11% de la población actual". La edil apuntó en última instancia que "seguiremos peleando hasta el final".
Por su parte desde Ciudadanos, su portavoz, Francisco Javier Beltrán justificó su voto a favor porque "las consecuencias de no dar viabilidad a este proyecto asustan y miramos por el interés general".
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También desde el PP, aludieron a ese "interés general" y el coste patrimonial que supondría para el Ayuntamiento echar marcha atrás. Su portavoz, José María Musoles recordó que desde la reparcelación del sector en 2008 "no se ha hecho nada" a pesar de que han pasado diversos gobierno de distintos colores políticos. "Si no lo desarrollamos tendría un coste patrimonial que supondría hipotecar el futuro", señaló.
Desde Compromís, reconocieron que el Plan General de Ordenación Urbana de 1990 está obsoleto y de que es necesario uno nuevo y su portavoz, Tatiana Prades recordó a Ferrer que su partido votó a favor del PAI en 2002. "Defendemos una política urbanística de defensa de los espacios protegidos como la huerta, Les Pedreres y el secano, y siempre nos hemos mantenido en contra de urbanizar el Bovalar", añadió.
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Prades hizo referencia a las denuncias y acusaciones graves de cometer delitos que se han vertido contra el equipo de gobierno en las redes sociales durante todo el proceso y apuntó que "está en manos de abogados".
La alcaldesa socialista, Teresa Bueso, cerró el debate también con cifras en la mano. "Desde 1990 no se ha aumentado ni un metro cuadrados de suelo urbanizable", sentenció y apuntó que la densidad de población es 1.550 habitantes por kilómetro cuadrado, en comparación con otros pueblos cercanos como Rocafort (3.181) o Burjassot (11.253). "Con un término de 8,4 kilómetros cuadrados, el 60,8% es de suelo no urbanizable".
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Bueso también dio la palabra al público asistente, entre ellos el representante de la Plataforma ciudadana en defensa del paraje, que lamentó la aprobación de la modificación del convenio que da luz verde a la urbanización del sector.
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