Indemnizaciones millonarias e instalaciones cerradas, el fiasco de las piscinas cubiertas en la comarca

Las piscinas cubiertas no parecen ser un negocio muy rentable. La comarca de l'Horta ha sufrido en los últimos años las consecuencias de quiebras de las empresas gestoras o quejas de usuarios por la falta de mantenimiento de las instalaciones municipales, que se han saldado con procesos judiciales que se eternizan en el tiempo e indemnizaciones millonarias para recuperar las llaves de los recintos que se han cerrado que al fin y al cabo han sufragado los vecinos.

Los convenios para la licitación por un periodo de tiempo elevado y la falta de revisión para comprobar que se realiza el mantenimiento adecuado han podido ser quizás los desencadenantes de la situación a la que se enfrentan muchas de ellas.

La piscina de Manises lleva cerrada desde 2020, tras el inicio de la pandemia, y la inversión valorada por los técnicos para ponerla en funcionamiento asciende a 3 millones de euros, que ya está prevista en los presupuestos de este año.

Desde el Ayuntamiento señalan que la redacción del proyecto de remodelación se encuentra en su fase final, de forma que se pueda reconstruir y reabrir la instalación lo más pronto posible. La intervención se puede hacer después de que a finales de 2020 se aprobó en sesión plenaria liquidar el contrato de concesión con la empresa gestora. Las líneas fundamentales han sido la eficiencia energética y la reestructuración de los espacios para poder dar servicio a mayor número de usuarios.

Con este proyecto se resolverán todos los problemas que había arrastrado la piscina durante los 14 años que estuvo en funcionamiento. “El deterioro tan acelerado que sufrió no es común para una instalación que estaba tan poco tiempo abierta, especialmente si la comparamos con municipios de los alrededores”, apuntan fuentes municipales.

Además, otro de los retos a los que se enfrentan las administraciones locales afectadas es decidir cuál es el modelo de gestión indicado para estas instalaciones que permitan dar una servicio a los ciudadanos y garantizar la sostenibilidad de la instalación. En Manises se ha llegado a la conclusión de que “es necesario un mayor control desde el consistorio en cuanto a la gestión de este tipo de instalaciones”.

Por ello, una vez finalice la redacción del proyecto, se licitarán las obras y, posteriormente, se designará la gestión del servicio, por lo tanto, “es un proceso largo pero que beneficiará a la ciudadanía”, señalan.

La piscina cubierta de Manises se inauguró el 2006 ya con deficiencias estructurales y gestionada por una empresa con un contrato de 20 años que obligaba a su mantenimiento. Durante los años posteriores a la puesta en marcha, se tuvo que pagar un reequilibrio económico a la adjudicataria puesto que era un negocio poco rentable.

Como las deficiencias de las instalaciones continuaban, en 2019 el Ayuntamiento mantuvo varias reuniones con la empresa gestora para reclamar responsabilidades sobre el mantenimiento de la piscina. Los usuarios han presentado reiteradas quejas por el mal funcionamiento y la mala gestión desde la apertura de la piscina. Incluso a finales de 2019, un grupo de personas recogió numerosas firmas para denunciar el mal estado de la instalación. En marzo de 2020 se cerró la piscina a causa del estado de alarma por el coronavirus y ya no se ha vuelto a abrir.

Finalmente, el 15 de diciembre de 2020 se aprueba en sesión plenaria resolver de mutuo acuerdo el contrato de gestión con la concesionaria y liquidar el contrato de concesión para poder dar una salida favorable a la instalación deportiva. En 2021, los servicios municipales contratan a dos empresas especializadas para verificar del estado de las instalaciones y valorar técnicamente el cumplimiento de las normativas realizando una auditoría técnica exhaustiva.

La situación en Godella no es mejor. La empresa adjudicataria abandonó la gestión en 2021, después de 20 años, por pérdidas económicas dejando sin servicio no solo a los ciudadanos, sino también a cerca de 300 deportistas federados del Club de Natación. En estos momentos, el consistorio está trabajando desde hace meses para resolver el contrato de servicios con el último adjudicatario de la piscina y así tramitar la nueva concesión que permitiría recuperar el uso normal de la instalación.

En Sedaví el conflicto con la gestora se ha saldado con una sentencia judicial que obliga al consistorio al pago de casi tres millones de euros, mucho menos de los cinco que exigía la mercantil, para pasar a manos municipales. El terreno es municipal pero la construcción y gestión se adjudicó a una empresa.

En 2014 la mercantil decidió cerrar las instalaciones y se inició una batalla legal. Con el cambio de gobierno local, el ejecutivo formado por PSPV y Compromís, consiguió recuperar la instalación por sentencia judicial y abrir primero la zona deportiva y después la piscina cubierta, con una inversión de cerca de 500.000 euros, que siguen en pleno funcionamiento.

No obstante, el consistorio tendrá que pagar 3 millones para quedarse con la construcción. El equipo de gobierno socialista acordó un plan de pagos en tres años y el último de ellos se hará efectivo en el mes de mayor, "sin necesidad de sacar un préstamo y endeudar al municipio", como destaca el alcalde, José Cabanes.

Además, advierte de que se ha creado una comisión mixta de calidad, con representantes municipales y de la concesionaria, donde el voto de calidad es del Ayuntamiento, encargada de hacer un seguimiento del mantenimiento para que no vuelva a repetirse la situación y asegurar el servicio.

La Pobla de Farnals ha anunciado la apertura de la piscina municipal para el mes de abril. El consistorio ha licitado la gestión de las instalaciones por un plazo de cinco años después de un proceso judicial para resolver el contrato con la anterior adjudicataria en concurso de acreedores y una inversión de cerca de 300.000 para poder reabrir el recinto con las condiciones adecuadas.

De igual forma que en Manises,el nuevo contrato reserva los mantenimientos al Ayuntamiento para que en caso de repetirse la historia, "la piscina nunca vuelva a caer en un estado ruinoso como el que estaba", como puntualiza el alcalde Enric Palanca.

Otro de los problemas que se repite son las tiranteces entre gestora y consistorio. Este es el caso de Albal, donde el consistorio abrió expediente a la mercantil encargada de la piscina cubierta, que incluye también el complejo deportivo, a finales del año pasado tras detectar los equipos técnicos municipales "deficiencias muy graves" que no solo pueden causar más daños en la propia instalación si no se corrigen, sino que pueden llegar a afectar a la salud de las personas usuarias, debido, según los informes a la “falta de mantenimiento”.

En Torrent también se vivieron momentos de tensión. En 2014 la gestora de Parc Central amenazó con dejar la gestión, pero las negociaciones con la consistorio llegaron a un buen entendimiento y con concesiones por una y otra parte, se consiguió acercar posturas, a cambio de reformas en las instalaciones del complejo deportivo por la deuda que mantenía la mercantil respecto al pago del canon anual.

De nuevo, en 2016, ocurrió algo similar en la piscina de La Cotxera, donde la adjudicataria decidió dejar de prestar el servicio y declarar el contrato extinguido. La reapertura tardó en materializarse dos años, después de que el consistorio tuviera que invertir más de 200.000 euros en la puesta a punto de las instalaciones.

Pero puestos a recordar, Benetússer estuvo casi una década con sus piscinas cerradas y varios procesos judiciales que han terminado hace apenas unas semanas, con el fallo firme y definitivo del Tribunal Superior de Justicia que desestimaba un segundo pago a la empresa gestora de casi un millón de euros.

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