Medio centenar de personas con discapacidad atrapadas en la zona dana

La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana, COCEMFE CV, ha recogido un total de 48 casos de personas con problemas de movilidad afectadas por el impacto de las inundaciones del pasado mes de octubre en los ascensores de los edificios de viviendas en las zonas afectadas por la dana.

De estos casos, todos con la movilidad reducida, el 39% se corresponden con personas en situación de dependencia, el 30% presentan una discapacidad física, el 15% son personas mayores, el 4% son ciegas y el resto se trata de mujeres con embarazos de alto riesgo o a punto de dar a luz. Estas personas están ubicadas en 9 municipios: Valencia, Aldaia, Albal, Algemesí, Benetússer, Catarroja, Guadasuar, Massanassa y Paiporta.

Y, por último, en el 65% de los casos hay que sustituir el ascensor, lo que puede llegar a suponer un coste de entre 15.000 euros a 60.000. El 72% de los casos tiene una previsión de gasto mayor a 15.000 euros, el 15% de entre 6.000 y 15.000, y el 13% aún no dispone de presupuesto para la reparación o cambio. Los plazos más comunes para la sustitución o reparación oscilan entre los 3 y los 9 meses para volver a tener el servicio del ascensor.

La entidad de utilidad pública pide que la reparación o sustitución de estos elementos disponga de ayudas para las comunidades de vecinos. De este modo, señala que se articulen ayudas específicas para la reparación de ascensores, actuaciones que podrían estar amparadas en el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 7/2024, que destina 50 millones de euros a los municipios afectados por la dana para financiar actuaciones directas vinculadas con la respuesta a las necesidades inmediatas de los servicios sociales municipales en atención a la población afectada.

Por otro lado, también podrían incluirse en el Real Decreto Ley 8/2024 de 28 de noviembre, que destina tres millones de euros a los ayuntamientos afectados para paliar las necesidades de las personas con discapacidad en relación a su autonomía personal. Finalmente, la entidad recuerda que también la Generalitat podría articular una línea de ayudas para los casos más graves.

El presidente de COCEMFE CV, Albert Marín, ha destacado el impacto de ser prisionero en la propia vivienda: «Por un lado, es una restricción a los derechos de estas personas. Por otro lado, estas personas dejan de poder ir a trabajar, al hospital, a centros de atención, a comprar o simplemente salir a dar un paseo para socializar. Además, esto tiene un impacto en su salud física y emocional, puesto que ya estamos viendo un aumento que desborda nuestros servicios de atención psicológica, con situaciones de ansiedad y depresión», ha concluido.

Marín propone que sean los servicios sociales municipales quienes recojan datos estadísticos sobre ascensores siniestrados y personas con discapacidad en riesgo de aislamiento por esta circunstancia y la creación de un registro único para poder destinar una ayuda económica a la reparación o sustitución en los casos más graves.

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