La oposición de Alboraya cesa al presidente de la empresa municipal Egusa por «falta de transparencia y participación»

La oposición en bloque de Alboraya (Cs, PP, Compromís, Vox y Esquerra Unida) ha logrado el cese del presidente de la empresa municipal de gestiión urbanística y servicios, Egusa, Agustín Martí (PSOE)) y la elección de Juan Diego González (Cs) para sustituirlo.

Uno de los puntos más conflictivos, según señalan desde el PP, “ha sido la falta transparencia y el trato dado a la oposición la junta general pasada”, cuando se puso de manifiesto la existencia de unos informes confidenciales - según palabras del Agustín Martí y el alcalde, Miguel Chavarría- que el secretario afirmó que no existían.

Todos los grupos han manifestado que “se trata de una cuestión de consenso y de sumar. No es nada contra nadie ni una medida electoralista, ya que el único interés de todos los grupos, incluso el del anterior presidente debe ser el beneficio del pueblo y en eso estamos todos unidos”.

Los grupos firmantes de esta propuesta, previo a la misma, acordaron que la gestión no va a basarse en decisiones políticas ni ideológicas. “La única ideología que iba a tener la empresa es el bien de los trabajadores y de los vecinos de Alboraya, sin mirar carné ni afiliación política”, advierten.

Por su parte, el equipo de gobierno socialista ha defendido en la junta general de Egusa con documentos y datos contrastados, la gestión del presidente, Agustín Martí, quien ha dado cuenta de toda la documentación que obra desde un principio en poder de los consejeros, tanto del gobierno como de los grupos de la oposición relacionadas con las negociaciones para el pago de la deuda heredada.

"Sin omisión alguna de información, que por otra parte hubiese sido inútil puesto que cualquier decisión ha de pasar por el Consejo o la Junta General, en los que el gobierno no tiene mayoría", puntualizan.

La gestión de la empresa "ha sido económicamente positiva desde que asumió el cargo el presidente del PSOE y se ha reducido la deuda, se han aumentado los ingresos y se han aumentado la plantilla y los servicios al Ayuntamiento, como prueba de ello", defienden.

"Lo único que aún sigue pendiente es hacer efectivo el acuerdo con el acreedor de Egusa, antiguo GMCB, a quien se ha de pagar la deuda originada por una operación urbanística fallida del PP, que asciende a 33 millones de euros, con los terrenos de Port Saplaya propiedad de Egusa incluidos en el PRI aprobado para el sector, según el acuerdo transaccional aprobado por la Junta General", explican. Este PRI subsana la carencia de dotaciones deportivas y educativas necesarias en Port Saplaya y añade una zona residencial.

Los socialistas califican la pretensión de la oposición de que se les ha ocultado información necesaria para sus decisiones de "totalmente falaz" ya que "el informe confidencial del que se quejan, que emitió la Secretaría General del Ayuntamiento en 2020, lo hizo tiempo después de votar la Junta General el acuerdo transaccional, y dicho informe nada tenía que ver con esa decisión y nada se ha votado desde entonces ni se ha cambiado nada del acuerdo inicial".

El secretario del Ayuntamiento ha reiterado por escrito que lo emitió amparado por la ley de transparencia y era sólo para conocimiento del alcalde, el presidente de Egusa y su jurídico, "ya que de hacerse público podría no obrar los efectos deseados para establecer la estrategia jurídica que recomendaba ante posibles actuaciones que se estaban estudiando en 2020 y que no se llevaron a cabo".

A esto hay que añadir que el Acuerdo Transaccional que se aprobó por mayoría absoluta con los votos de PP y PSOE, tenía la calificación de confidencial, para preservar los derechos de las partes frente a terceros, mientras no fuese efectivamente realizado, pero se filtró a los medios antes de terminar la junta, "lo cual justifica la posterior cautela".

A pesar de que siempre se ha informado puntualmente a la oposición, la tardanza, por consideraciones jurídicas y urbanísticas, en materializar el acuerdo, se ha puesto como excusa para sustituir al actual presidente, "cuando la interrupción de los trámites en el Ayuntamiento y Egusa viene como consecuencia de reclamaciones de terceros ante el dicho acuerdo y que están en sede judicial".

El PSOE manifiesta que "no tiene más justificación esta maniobra que intentar desgastar al gobierno y bloquear en lo posible la gestión ante la proximidad de las elecciones, puesto que no hay razones probadas de peso para sustituir al presidente, que ha gestionado la empresa eficazmente y siempre ha debido contar con los votos del resto de consejeros por carecer de mayoría".

• Temas
• Playas
• Alboraya
• Urbanismo y construcción
• Patrimonio histórico
• Infraestructuras