El patrimonio histórico de l'Horta se desmorona

La barraca de Cucaló en el término municipal de Alboraya ha sido la última víctima de la falta de recursos de las administraciones para mantener y actuar sobre el patrimonio local que está en manos privadas, ya que es complicado vigilar todo un término municipal con un limitado departamento de Urbanismo.

Las lluvias y los cambios de temperatura hicieron que la fachada frontal de la barraca apareciera ayer en el suelo, una pérdida que tendrán que reparar los propietarios o en su caso el Ayuntamiento como actuación subsidiaria.

Esta última opción supone iniciar procesos administrativos que se dilatan en el tiempo y tras los cuales, puede que se haya derrumbado por completo. Desde el Consistorio confirman que no había ningún expediente abierto sobre la edificación, que está a la venta desde 2009 por la propietaria, la familia Lladró, y, además, está catalogada como Bien de Relevancia Local (BRL) y considerada desde 2019 como patrimonio agrícola mundial, junto a las alquerías y la huerta valenciana.

La concejala de Urbanismo, Ana Bru, señala que "hemos iniciado un proceso para que todas las viviendas de más de 50 años presenten los informes obligatorios para poder controlar correctamente su mantenimiento, pero no llegamos a todo".

El derrumbe se ha producido antes de que el Consistorio comience a sancionar por incumplir esta normativa, aunque la edil apunta que "se sigue intensificando la vigilancia, ahora con la colaboración de la policía de la huerta y un dron, que nos puede advertir con mayor facilidad de cualquier infracción en materia de urbanismo y deterioros".

Bru recuerda que la oposición tumbó el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y con él, el catálogo de bienes, "que ha dejado desprotegidas muchas edificaciones", y que tampoco salió adelante adherirse al nuevo instrumento de control de infracciones en suelo no urbanizable de la Conselleria, por lo que están muy limitados en estos casos, sumado a los pocos recursos de los que disponen para poder hacer inspecciones.

César Guardeño, de la Asociación Círculo por la Defensa y Difusión por el Patrimonio Cultural refuerza el argumento de que las administraciones "no actúan hasta que no hay una denuncia de la sociedad civil". En este sentido, señala que muchas de ellas incumplen el artículo 180 de la LOTUP y la ley de Patrimonio Cultural Valenciano que obliga a los propietarios a informar si existen problemas.

En esta línea, la entidad puso en conocimiento del Síndic de Greuges el abandono que sufren desde hace más de dos décadas la Alquería de Tallarrós y las barracas de Panach, en el término municipal de Valencia, consideradas como BRL.

También ayer, la Fundación Goerlich denunciaba que se han perdido dos inmuebles diseñados por el arquitecto del que toman su nombre, Javier Goerlich Lleó, en Torrent. "Estábamos recopilando la información para instar al Ayuntamiento a su catalogación pero tristemente hemos llegado tarde", señalan, como les informó el historiador Tomás Roselló.

Se trataba de un chalé proyectado en 1926 para el comerciante Salvador Gamborino, en la calle Pinedo, y el neoclásico Asilo de Santa Elena, proyectado en 1927 y acabado en 1930. "Evidentemente la excusa recurrente es la de que carecían de valor patrimonial, magnífica fórmula para eludir la inacción de las administraciones", denuncian.

En Massalfassar, hace unos meses, se derrumbaba la 'cebera' más antigua, en manos privadas. Esto llevó a que se propusiera considerarlas como Bien de Relevancia Local para protegerlas.

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