Port Saplaya pide que se declare la caducidad del plan urbanístico que prevé construir 864 viviendas

«No hay espacio. No hay accesos» son dos de las razones que esgrime la Asociación Cívica y Cultural de Port Saplaya para exigir al Ayuntamiento de Alboraya que declare la caducidad del Plan de Reforma Interior (PRI) que prevé la construcción de 864 viviendas, «ya que nunca se inició su ejecución, ni se trasladó la zona comercial fuera de su actual emplazamiento».

Además, en el escrito presentado, instan al Consistorio a que cumpla con las dotaciones de las que carece este sector como son los equipamientos escolares, las zonas verdes y deportivas legalmente exigibles por el Plan General de Ordenación Urbana de 1991 y por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en los suelos municipales existentes en Port Saplaya Norte y Port Saplaya Sur.

La entidad advierte de que “hay que abordar el problema mediante el cambio de calificación de suelos que ya son públicos y que permitan la ejecución de estas dotaciones de manera inmediata” y pide que las fuerzas políticas lo aprueben en un pleno.

Los residentes se han movilizado después de que se haya rechazado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, tras una década de trámites, lo que deja vigente la normativa de 1991 que rige el desarrollo futuro de la localidad, pero que, según señalan, "no afecta a este PRI".

Con las nuevas construcciones previstas, en fincas de hasta 20 alturas, “se eliminarían las opciones de aparcamiento y de acceso a las playas al colmatar con edificaciones y zona comercial todo el territorio, sumado al exceso de densidad de la zona construida de Port Saplaya, con el agravante de que resulta imposible diseñar nuevos accesos y salidas a la V-21 desde este núcleo”, argumentan.

En esta línea, advierten de que “la deuda que contrajo la empresa municipal de suelo, Egusa, con los anteriores socios urbanísticos no se puede resolver con salvajadas urbanísticas”. El agente urbanizador del PRI que se aprobó en 2006 “renunció” porque “el Ayuntamiento no pudo comprar nuevos terrenos para facilitar un traslado no deseado por el centro comercial a una zona de huerta protegida”. Ahora existe un acuerdo con la sociedad para urbanizar la zona que saldaría, en parte, la deuda municipal de más de 26 millones de euros.

 

Respecto a las dotaciones apuntan que “todo el espacio que ocupa el aparcamiento de la zona comercial es propiedad municipal, basta con promover una segregación de los metros necesarios para un centro escolar en esa zona” y reclaman que el parque intergeneracional en la zona norte de Port Saplaya “sigue sin ejecutar”.

De igual modo, insisten en que “el futuro del pueblo ha de asentarse sobre nuevas bases y con una participación real y una especial sensibilidad de proteger el territorio (huerta y litoral), la movilidad sostenible, y teniendo muy presente las futuras emergencias climáticas que se avecinan (zonas inundables, avenidas, avance del mar y los efectos barrera de las infraestructuras) y que ya se están manifestando con las pérdidas de arena”.

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