Ada Dasí
Horta
Martes, 5 de abril 2022, 18:37
A pesar de las cinco multas que ha impuesto Albal a los consumidores de sexo en la vía pública en las últimas semanas, la prostitución sigue a pie de calle en los polígonos industriales de la Pista de Silla y sus entradas a los municipios, y en muchos casos es la primera imagen cuando se accede. Pero al margen de la estética lo más dramático son las historias que se esconden tras la sillas en las que se sientan estas mujeres.
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Es por ello que los ayuntamiento afectados apuestan por una normativa común, un criterio que defina cómo erradicar definitivamente la oferta de sexo y de una opción a las prostitutas que venden su cuerpo explotadas por las mafias o porque no tienen otro recurso para sobrevivir. Aplicar criterios diferentes podría causar que se desplazaran de un municipio a otro.
Hace más de una década que los municipios se plantaron contra la prostitución redactando las ordenanzas para poder multas y aunque en un principio las sancionadas eran las mujeres, a lo largo de este tiempo la estrategia ha ido cambiado y se han centrado en los clientes.
Alfafar aprobó una ordenanza reguladora de la protección de espacio urbano en 2011, que contempla sanciones entre 750 y 1.500 euros por ofrecer, solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales en el espacio público de todo el término municipal. El objetivo era el de evitar estas escenas en plena zona comercial, aunque todavía está pendiente de actualizar ya que aplica las sanciones tanto a los clientes como a las mujeres que ejercen.
En Beniparrell, cuya normativa municipal data de 2009, han interpuesto una veintena de multas a los puteros por importe de 350 euros en tan solo medio año. Además de la vigilancia policial en los puntos calientes, el consistorio instaló una cámara bajo del puente de la Pista de Silla, una zona especialmente utilizada para practicar sexo pagado, y conectada al retén de la Policía Local.
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Las imágenes han permitido cazar a los consumidores en plena acción y sancionarlos. La última de ellas fue de la semana pasada y a un hombre procedente de una localidad lejana. "Nuestro objetivo es erradicar la prostitución en la medida de lo posible", asegura el alcalde, Voro Masaroca, aunque reconoce que todavía está pendiente la redacción de una ordenanza concreta.
Los alcaldes de las localidades afectadas afirman que es necesario hacer un "frente común" para evitar que las mujeres cambien de ubicación dependiendo de la normativa que se aplica en cada una. La concejala de Bienestar Social de Silla, Carmen Giner, advierte de que "estamos a la espera de presentar una normativa por parte del grupo parlamentario, asesorado por el Frente Abolicionista para que sea común para todos los municipios".
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Giner remarca que "hay que poner el foco en el putero", tal y como ha hecho Albal y recuerda como la vigilancia y el control de la Policía Local de Silla consiguió cerrar hace años un local muy conocido y frecuentado por los puteros, como efecto disuasorio. Para la concejala "la educación es uno de los puntos importantes", así como la formación de los trabajadores del departamento "para poder tratar estos casos y poder ofrecer ayuda a las mujeres".
Desde Catarroja, su alcalde, Jesús Monzó, insiste en estas medidas. "Nos preocupa lo que hay detrás de la prostitución", por ello además de la vigilancia de la Policía Local, se ofrece asistencia a las prostitutas a través del programa Viogen. En esta línea, Albal ha planteado dar un paso más y ofrecer un piso a las mujeres explotadas, donde puedan empadronarse, para resolver el problema de que no tengan un domicilio y puedan optar a ayudas públicas.
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El alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José Cabanes, asegura que la entidad comarcal ya ha expresado su compromiso en la lucha contra la prostitución y apoyará cualquier iniciativa que vaya en este sentido. A nivel de la localidad, señala que también está pendiente de redactar una ordenanza.
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