El Puig construyó el muro frente al monasterio sin la preceptiva autorización de la Conselleria de Cultura

Sin autorización del Servicio Territorial de Cultura. El controvertido muro de cinco metros de largo por dos de alto que el Ayuntamiento de El Puig de Santa María mandó construir en el entorno del monasterio de Santa María se realizó sin esperar al correspondiente permiso de la Generalitat.

A consulta de LAS PROVINCIAS, desde la Conselleria han explicado que a la Dirección Territorial de Cultura “llegó el 21 de octubre la documentación técnica para que se autorizara la construcción de un Muro o Hito del Ayuntamiento del Puig”. Este envío se habría recibido, por lo tanto, más de una semana después de que se celebrara el acto de inauguración del mismo, que tuvo lugar el 8 de octubre.

El envío de la documentación se produjo también después de que el Partido Popular preguntara por el proyecto en el pleno del municipio.

Las mismas fuentes de la Conselleria han recordado que la localización de dicho hito se encuentra en el entorno del Bien de Interés Cultural del monasterio de Santa Maria del Puig “y efectivamente es preceptiva la autorización de este Servicio para su construcción. Este estudio está a la espera del informe de la técnica correspondiente y, por tanto, esta actuación no tiene la autorización del Servicio Territorial de Cultura”, han sentenciado desde el departamento autonómico.

Desde el propio municipio, el Partido Popular ha señalado, por medio de su portavoz, Bartolomé Vila que, “como ya nos temíamos, se ha actuado de manera irregular” al hacer una obra sin la correspondiente autorización. Ha recordado que en dos plenos consecutivos ya preguntaron por esta cuestión y se les respondió que habían recibido una autorización telefónica. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de la localidad de l'Horta, Marc Oriola, insistió en esta misma versión en las declaraciones que efectuó el lunes a LAS PROVINCIAS e incidió en que les permitieron realizar la obra porque no había que realizar ningún tipo de excavación.

El representante popular ha señalado que van a estudiar si toman algún tipo de medida legal y ha remarcado que la administración “no puede ser diferente a la ciudadanía a la hora de, por ejemplo, la realización de una obra”.

Después de la respuesta de la Conselleria habrá que esperar, por lo tanto, al informe técnico que deberá determinar la legalidad del proyecto y un hipotético derribo si se considerara una actuación ilegal.

El denunciante que ha llevado el caso ante la Guardia Civil considera que podría darse un caso de malversación de fondos públicos al realizarse una obra que, en el caso de señalarlo la Generalitat, debería derribarse, por lo que al gasto del muro habría que añadir el derivado de su hipotética demolición.

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