Una sentencia obliga a Tavernes Blanques a devolver el agua de pozo al barrio Virgen de los Desamparados en dos meses

Tras más de tres años de litigios y reivindicaciones el cerca de medio centenar de vecinos del barrio Virgen de los Desamparados han conseguido que la justicia les de la razón por tercera vez y que el Ayuntamiento restituya el servicio de agua del pozo que cortó por resolución de alcaldía en junio de 2019, para conectarlos a la red municipal.

La última sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha desestimado la apelación del consistorio y la sentencia ya es firme, puesto que el miércoles acabó el plazo para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. De este modo, la administración local tiene un plazo de dos meses para eliminar las medidas adoptadas sobre el pozo.

A pesar de la satisfacción por parte de los afectados, advierten de que "ahora tenemos que entrar y comprobar su estado tras estar tres años parado" y "esperamos que no esté dañada la bomba". "Una vez puesto en marcha tendrán que anular la conexión con la empresa suministradora del servicio a la población", apuntan.

Para los vecinos, "se han creando problemas, donde nunca han existido; de hecho, el punto de suministro de agua, data de los años 50 y fue construido por el propio Ayuntamiento de Tavernes Blanques, promotor de las viviendas sociales". El pozo abastecía a los vecinos de las calles Carcaixent, Doctor Fleming y Pintor Sorolla, y su aljibe y el cuarto para el clorado están ubicados en el interior de la escoleta infantil, que se construyó más tarde.

Uno de los afectados señala que "desde el año 2017, la alcaldesa ha obstaculizado a los propietarios del grupo de viviendas, el acceso a sus instalaciones del punto de aprovechamiento privado de agua potable; hasta ese momento pacífico y coexistiendo con las dependencias municipales".

Entre los motivos para el cierre de las instalaciones, el consistorio alegaba la falta de legalización y las condiciones sanitarias del agua. En la sentencia se deja probado que la administración local “no ha acreditado que las aguas del pozo concernido presenten un problema de salubridad” y que la propia resolución de la alcaldía de 16 de mayo de 2019 afirma que el pozo objeto de la clausura es “de agua potable”.

En cuanto a su situación legal, se afirma que “son cuestiones cuya valoración no corresponde a los ayuntamientos, los cuales carecen de competencia en materia de dominio público hidráulico, que corresponde al Estado y a sus organismos de cuenca”.

Lo que no valora el magistrado en esta tercera sentencia a favor de los vecinos es la ordenanza municipal que ha alegado el Ayuntamiento y que exige una determinada distancia de los edificios a la red municipal para poder hacer uso de los pozos y remite al anterior fallo.

No obstante, los residentes de la zona mantienen otro litigio contencioso-administrativo contra el consistorio por la reclamación de más 13.000 euros correspondientes a las facturas de agua potable de la empresa suministradora tras la clausura del punto de abastecimiento en junio de 2019.

En el pleno celebrado esta tarde, los grupos municipales de Vox y PP han solicitado mediante moción que se ejecute la sentencia que obliga a restablecer el servicio tal y como estaba antes de la resolución para su clausura. Además, proponen la reprobación de la alcaldesa, Mari Carmen Marco por esta situación.

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