El juez manda a prisión al fisioterapeuta detenido por presunto abuso sexual a una menor en Torrent

El joven de 30 años trabaja para una empresa subcontratada por el consistorio torrentino que ya ha solicitado la documentación para determinar si está todo en regla. El equipo de gobierno ha reunido a los grupos políticos para informarles sobre la situación y se ha emitido una declaración institucional de condena a los hechos.

En el escrito se muestra el apoyo a la familia de la víctima, desde el respeto fundamental a la actuación de la justicia y la presunción de inocencia, y se advierte de que se ha activado un protocolo interno para que el suceso no interfiera en el funcionamiento de los servicios esenciales que se prestan en la Casa de la Dona, que según se señala "tiene que ser un espacio plenamente seguro".

La corporación municipal también enfatiza su compromiso con los derechos de los menores y de las mujeres, "una defensa a ultranza del derecho a la integridad física y moral de las víctimas de agresiones y abusos" y rechaza "cualquier agresión contra menores, mujeres y cualquier colectivo que vea amenazados sus derechos más fundamentales".

De igual modo, el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la Policía Nacional, concretamente de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) que se ha hecho cargo de la investigación, para todo aquello que le requiera y prestarles su colaboración.

Con una manta sobre su cabeza para evitar que su rostro salga a la luz, el detenido ha pasado esta mañana a disposición judicial para declarar ante el magistrado del juzgado de instrucción número 3 de la ciudad que ha decretado prisión provisional.

Sobre las dos del medio día ha llegado esposado y escoltado por agentes de la Policía Nacional para dar su versión sobre los hechos de los que se le acusa, sin que se haya agotado el plazo de 72 horas como detenido, aunque se ha acogido a su derecho de no declarar.

Más tarde, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Torrent, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza para el fisioterapeuta detenido esta semana por un presunto abuso sexual, en el marco de una causa abierta por un delito contra la libertad e indemnidad sexual de menor de 16 años.

El caso está bajo secreto de sumario porque las investigaciones siguen en marcha para tratar de averiguar si hay otras situaciones similares en las que el sospechoso esté implicado. Para ello, se está interrogando a otras familias que estaban siendo atendidas por él en la Casa de la Dona y en otros centros escolares donde también prestaba sus servicios como fisioterapeuta.

El joven trabajaba desde hacía cinco años en una empresa privada como fisioterapeuta pediátrico y además fue fundador de un club de deporte adaptado de Valencia del que después se desligó.

Los graves hechos de los que se le acusan sucedieron el martes por la tarde en un despacho de la cuarta planta del edificio municipal, donde el presunto pedófilo se encerró con la niña para realizar una sesión de fisioterapia. Pero los padres, alertados por los lloros de la pequeña, trataron de abrir la puerta que estaba cerrada con un pestillo por dentro y al no conseguirlo vieron a través del cristal al hombre con los pantalones bajados, sujetando a la niña desnuda de cintura para abajo.

El padre llegó a romper el marco de la puerta para acceder a su interior y se abalanzó sobre él dándole varios golpes, lo que motivó la presencia policial. Una vez escuchadas ambas partes el hombre fue detenido.

En su contra juega un papel fundamental el testimonio de los padres y las pruebas recabadas en el lugar de los hechos como un preservativo con restos de sangre hallado en la terraza de la primera planta del edificio. La policía también confiscó el bodi de la niña y una prenda de ropa del presunto pederasta con una mancha de fluido blanco para analizarla en el laboratorio.

En su defensa el joven alegó que estaba realizando un tratamiento de estimulación anal a la pequeña con un lubricante de aloe vera, introduciéndole su dedo cubierto con el preservativo, y que era la primera vez que hacía esta terapia con la menor.

Ante esta información, la Asociación el Defensor del Paciente ha urgido la puesta en marcha de una ley que «en cada consulta, cada clínica, cada hospital, de forma generalizada, esté obligado a tener cámaras de vigilancia que no puedan ser apagadas ni manipuladas por los dueños y/o trabajadores».

«Creemos que ya hemos llegado a un punto donde la violencia física y verbal no deja otra solución», han manifestado la entidad en un comunicado, en el que señala que la responsabilidad «ya no es del agresor, es de quienes pueden tomar medidas y no lo hacen».