Torrent paraliza un desahucio pero carece de pisos sociales para alquilar

Pascual, su mujer y su hijo de cinco años, ya tenían las maletas preparadas para hoy, cuando estaba previsto su desahucio; pero, tras la intervención del Ayuntamiento de Torrent, el lanzamiento se ha aplazado hasta el mes de febrero. No ha sido fácil y Pascual, que tiene una discapacidad del 50%, ha pasado un calvario desde que le comunicaron que debía abandonar la vivienda por la deuda de cerca de 6.000 euros contraída con la propietaria del inmueble.

Además de la intervención de la Concejalía de Servicios Sociales y de la de Vivienda, Esperanza Obrera, también había interpuesto dos recursos ante el juzgado para evitarlo e iniciaron una campaña informativa para buscar apoyos.

Pero este no es el único caso en la capital de l'Horta Sud. Jessica y su familia, compuesta por once miembros, siete de ellos menores, se enfrentarán a la misma situación en quince días y pueden quedarse sin techo si las instituciones no lo remedian.

"Solo pido que me ayuden a acceder a un piso de alquiler", explica la mujer. La realidad es que el mayor problema en estos casos es que, aunque pueden pagar las mensualidades, no encuentran propietarios que estén por la labor, pues carecen de una nómina suficiente para que les aseguren el pago y no tiene recursos para depositar una fianza.

A esto se suma que la capital de l'Horta Sud se ha quedado sin pisos de alquiler social. Actualmente solo cuenta con seis que ya están ocupados, al igual que las viviendas propiedad de la Generalitat de la finca roja en el Xenillet, y otro bloque en Benisaet, que "son insuficientes para el segundo mayor municipio de la provincia", como señalan los representantes de Esperanza Obrera.

"Dicen que hace dos años que no hay desahucios en Torrent, pero sabemos que hay más casos", indican y denuncian que el precio del alquiler "se ha disparado en la ciudad y está en máximos históricos, sin que se tome ninguna medida al respecto".

 

No obstante, desde el Ayuntamiento el concejal de Atención a las Personas, José Antonio Castillejo, aunque reconoció que el parking de viviendas sociales es mínimo, señaló que "estamos trabajando para resolverlo". Castillejo avanzó ayer que se había paralizado el desahucio de Pascual y que, junto al área de Vivienda, en manos de la empresa pública Nous Espais, estaban trabajando para buscar una solución, al igual que en el caso de Jessica.

"Lo más importante es que no se ejecute el lanzamiento y ofrecerles una alternativa habitacional", explicó. En este sentido, apuntó que el año pasado, desde su área, se concedieron 65 ayudas para el alquiler a familias vulnerables. Además, el Consistorio ha proyectado la construcción de un bloque de pisos para alquiler joven y, con de fondos europeos, está prevista la compra y rehabilitación de viviendas con este fin.

Respecto a los carteles que Esperanza Obrera ha puesto por la ciudad, en el que aparece la imagen del edil, junto al de Vivienda y el alcalde, Jesús Ros, en los que se acusa al Ayuntamiento de "mentir y desahuciar", Castillejo apuntó que "no nos puede distraer. Está muy bien hacer ruido, pero nosotros nos sentamos a ayudar".

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